La discriminación laboral y la brecha salarial de género son una evidente deficiencia de la sociedad española. La crisis económica ha agravado la cuestión, como los estudios ratifican un año tras otro. España es el sexto país de la UE con la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, según datos de Eurostat, con una desigualdad de un 18,8%, casi tres puntos por encima de la media continental, y en Andalucía la brecha es mayor. Las mujeres no solo cobran menos, sino que sus trabajos también son de escalas inferiores como demuestra su escasa presencia en los altos puestos directivos. Para intentar paliar esta situación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene entre manos un programa piloto que incluirá el llamado currículum ciego, o sea sin fotografía, sexo, nombre y apellidos de los candidatos a un puesto de trabajo. Ya está en funcionamiento en Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia y Finlandia. Es una buena primera barrera que, sin embargo, puede saltar por los aires en la entrevista que suele seguir a la presentación del currículo. Nunca debería convertirse este proyecto piloto del currículum ciego en un intento de maquillaje que no esté unido a medidas y normativas más determinantes. En ese sentido, el Gobierno de Zapatero aprobó en el 2007 una ley de la igualdad que se ha quedado en el cajón de los olvidos. Sigue en vigor aunque el Gobierno conservador del PP no la ha impulsado. Porque resultan necesarios los planes de igualdad en las empresas --cuotas de género-- para que, por ejemplo, ya no deba responderse a preguntas referentes a la maternidad en un proceso de selección de un trabajo. El objetivo ha de ser atacar sin rodeos cualquier brecha de género y otras discriminaciones laborales, como la raza o el lugar de origen.
