El proyecto de Presupuestos de Andalucía para el año 2015 --del que hoy informarán con más detalle los consejeros en las ocho provincias andaluzas-- puede tener, de momento, dos lecturas. La primera es la de la continuidad y salvaguarda, pese a los recortes y dificultades, de los principales criterios de protección social y de los servicios públicos que defiende el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, a lo que se suma la recuperación de la paga extra de los funcionarios. La segunda es la interpretación política, pues estas cuentas son también el certificado de estabilidad de la coalición de Gobierno formada entre el PSOE e Izquierda Unida. Tras la amenaza de ruptura entre los socios, que hubiera forzado el adelanto electoral, el acuerdo presupuestario permitirá, no sin esfuerzo, mantener un tiempo ese horizonte sin sobresaltos ni guerra política que reclama la presidenta, Susana Díaz, para combatir con mayor serenidad la crisis económica y el paro.
La propuesta de IU de sacar adelante un banco público originó un pulso interno --al menos el más conocido de los que se hayan podido mantener-- que se ha saldado con la propuesta de creación del Ente de Crédito Andaluz (ECA), que contará con 18 millones de euros de capital fundacional y ficha bancaria, con el objetivo de apoyar los proyectos de desarrollo. En cuanto al proyecto de Ley de Presupuestos, de los 29.600 millones de euros previstos, el 83% responde al blindaje del gasto en los principales capítulos de atención a la población (sanidad, educación, empleo, atención social), y el anuncio de que las partidas de inversión en infraestructuras suben un 20%. Son cifras modestas y de supervivencia, pero coherentes con los objetivos expresados.
