Dos aspectos tienen un interés destacado en la firma, el viernes pasado, del convenio provincial del campo. Por una parte, la rapidez: el convenio anterior venció en el 2016 y la negociación del actual comenzó en mayo, para acercar posturas enseguida y alcanzar un preacuerdo el 23 de junio. Esto supone que los más de 70.000 trabajadores agrícolas de la provincia no se verán desamparados en las próximas campañas, principalmente la olivarera y la de cítricos, las más importantes en Córdoba, evitando --no ya en lo que atañe a los primeros meses de este 2017, pero sí en los sucesivos-- las dificultades que sufren los temporeros para cobrar los atrasos cuando los acuerdos salariales se producen después de las campañas, dado que la mayor parte del empleo agrario es eventual. Por otra parte, la duración del acuerdo, que, al abarcar cuatro anualidades, garantiza --o al menos facilita-- un largo periodo de paz social que favorecerá la actividad de las empresas sin riesgo de grandes conflictos. Finalmente, las patronales Asaja y COAG han pactado con los sindicatos CCOO y UGT un marco de incrementos salariales graduales que, si bien son modestos en su cómputo anual (1% de subida este año, un 1,4% en el 2018, igual en el 2019 y un 1,5% en el 2020) sumarán un alza del 5,3% al final del periodo. No es el convenio ideal, pero los negociadores han hecho un esfuerzo de acercamiento que habla de la responsabilidad de las partes.
