Otro episodio delirante, ayer, que complica de nuevo la necesaria estabilización de las instituciones catalanas. El publicitado viaje de Carles Puigdemont a Dinamarca para ofrecer una conferencia fue recibido con una advertencia, también profusamente publicitada, de la fiscalía de que solicitaría al juez Pablo Llarena que reactivara la euroorden contra el expresident de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya. Puigdemont viajó, con toda la atención mediática, la fiscalía elevó su petición al juez Llarena, y este la denegó, con lo que la estrategia de Puigdemont, sea cual sea, quedó en otro espectáculo que no hace más que erosionar las instituciones. El delirio aumenta cuando el mismo día el president del Parlament, Roger Torrent, propone a Puigdemont como candidato para presidir la Generalitat, aun siendo «consciente» de su situacion personal y judicial. Torrent ha pedido cita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tratar con él de la situación, pero, por muy bueno que sea el diálogo, poco margen tiene Rajoy si Torrent encamina al Parlament hacia fórmulas que violen el reglamento y la legalidad para intentar la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Las consecuencias de cualquier vía ilegal son conocidas: la intervención de las instituciones catalanas al amparo del artículo 155 de la Constitución. Cataluña sigue atrapada en una espiral irresponsable y de irresponsables.
