Hace exactamente un siglo España vivió la mayor crisis del régimen político de la Restauración. En julio de 1917, a la protesta de un sector del Ejército concretada en las llamadas Juntas de Defensa, se unió la rebeldía política de algunos liberales, catalanistas y republicanos ante la inoperancia de una Constitución envejecida --la de 1876- y la inexistencia de cauces adecuados para una auténtica regeneración patria. La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, que agrupó a estos disidentes, pretendió en vano una reforma constitucional, entre otras razones por las discrepancias entre sus concurrentes. Un mes después, a la crisis política y militar se unió la crisis social al producirse la primera huelga general nacional del siglo, protagonizada por UGT y CNT. Con ella no solo se pretendía una mera transformación política sino una verdadera revolución social. Ante aquel reto los militares juntistas y los políticos descontentos no dudaron en agrupar fuerzas para reprimir la acción de los sindicatos y partidos obreros.
Aquella crisis de 1917 tuvo, como no podía ser menos, su reflejo en Córdoba. El 13 de agosto se inició una huelga general especialmente en la capital, Puente Genil y la cuenca minera del Alto Guadiato. Sobre todo en las organizaciones obreras vinculadas a la UGT como los sindicatos ferroviarios de las dos mencionadas localidades y el Minero Metalúrgico de Peñarroya. La huelga apenas prosperó por la declaración del estado de guerra que facilitó la represión, el cierre de los centros obreros y el encarcelamiento de sus dirigentes. El 20 de agosto la huelga había terminado en toda la provincia, como en toda España, con lo que aparentemente el Gobierno, presidido por el conservador Eduardo Dato, parecía haber triunfado.
Sin embargo, aquella victoria bien puede calificarse de pírrica. Desde 1917 a 1923 la inestabilidad gubernamental supuso nada menos que once crisis totales y treinta parciales de Gobierno y, en el ámbito social, se vivió el período de mayor conflictividad de la Historia de España que, en el caso de Córdoba se patentizó en las revueltas campesinas del Trienio Bolchevista (1918-1920) y en las grandes movilizaciones mineras de 1921 y 1922.
Desde el punto de vista político, lo más sobresaliente en la Córdoba de 1917 fue la publicación el 13 de junio en la revista Córdoba de un Manifiesto a la Nación que reclamaba todo un programa reformista sintetizado en una frase: «España necesita hombres nuevos que traigan normas nuevas». Dos republicanos -Eloy Vaquero y Rafael Castejón--, un liberal no barrosista --Manuel Tienda-- y dos socialistas --Juan Morán y Francisco Azorín-- fueron los redactores de aquel texto que trascendió a la prensa nacional. Más de sesenta cordobeses lo suscribieron, entre ellos el magistral de la SIC Seco de Herrera.
¿Qué pasó con aquel manifiesto? Un año después, su principal artífice, el socialista Francisco Azorín, escribió en la misma revista que aún no había llegado la hora de hacer realidad lo que se demandó, pero que «ante la piña de oligarcas, ante los que han dirigido España hasta esta situación (…) creo que debemos sostener nuestra fórmula salvadora. Decíamos que necesitamos hombres nuevos que traigan normas nuevas».
Aunque no se cumplieron los anhelos de los signatarios del Manifiesto a la Nación, del mismo surgió una generación de cordobeses, la que hemos venido a llamar la Generación de 1917, con nombres tan preclaros como los autores del texto y otras personalidades como Antonio Jaén Morente, Juan Díaz del Moral, Manuel Ruiz Maya, Dionisio Pastor o Eduardo García Nielfa. La mayoría de ellos nacieron en torno a los pasados años ochenta, tuvieron una formación universitaria y universalista, pertenecieron a la Real Academia y a la Masonería y sufrieron en mayor o menor medida la represión de la guerra civil.
Años después del Manifiesto se proclamaba en España la Segunda República. Los hombres de la generación de 1917 participaron activamente en ella como ministro --Vaquero--, diplomático --Jaén Morente--, diputados --Azorín, Vaquero, Jaén, Díaz del Moral y Morán--, gobernadores civiles --Jaén y Ruiz Maya-, o director general --Castejón--. Desde sus responsabilidades intentaron hacer realidad la demanda de «hombres nuevos y normas buenas». El trágico final de la República lo impidió.
Hoy, cien años después de aquel 1917, Córdoba no debe solo recordar que entonces nació uno de sus hijos más relevantes, Manuel Rodríguez Manolete, sino que fue el punto de partida de una generación de notables intelectuales y políticos que soñaron en una España mejor. Y en este centenario tal vez tendríamos que preguntarnos si no siguen haciendo falta «hombres nuevos que traigan normas nuevas».
* Historiador
