Con la solemne firma del decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O después de la aprobación de la ley de la consulta en el Parlament, las instituciones de autogobierno de Cataluña formalizaron ayer el choque con las del Estado. Con el decreto que firmó, Carles Puigdemont ha convocado a los catalanes a una consulta de autodeterminación que es ilegal según el ordenamiento constitucional que en su momento una mayoría de catalanes aprobó en referéndum. La consulta está supuestamente amparada por una ley aprobada tras violentar las normas del Parlament en un proceso carente de elementales garantías democráticas y en el que se excluyó a la mitad del hemiciclo. Se consuma de esta forma el fracaso de la política. La firma por parte de Puigdemont llegó después de una larga y bochornosa jornada en el Parlament en la que la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP forzaron hasta el quebranto las normas de la cámara para tramitar y aprobar la ley del referéndum. La respuesta que ofreció la oposición -armada con argumentos técnicos- no le sirvió para frenar la votación porque la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se alineó con el bloque parlamentario independentista. Bajo su presidencia, una exigua mayoría parlamentaria ignoró a la mitad del hemiciclo, lo que equivale a dejar de lado a la mitad de los catalanes. Al independentismo le gusta hablar de fechas históricas, y el procés está repleto de ellas; para la historia queda cómo ayer se menospreció el debate político, se maltrató a la oposición, se desoyó al Consejo de Garantías Estatutarias y se hizo caso omiso a los letrados del Parlament en nombre de la democracia.

La respuesta del Estado fue la previsible. Mariano Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) para que paralice las decisiones del Parlament, y que dilucide si hay responsabilidades penales de Forcadell y los miembros de las Mesa del Parlament que autorizaron la tramitación exprés de la ley del referéndum. Es el habitual recurso a la justicia, la herramienta que ha usado el Gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de los últimos años frente a las escapadas hacia adelante del independentismo y la deriva ilegal que ayer se plasmó en el Parlament y que después rubricó Puigdemont con el decreto de convocatoria. Hoy está previsto que Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reúnan en la Moncloa para simbolizar la firmeza ante las acciones legales que se emprenderán a partir de ahora y enviar un mensaje de unidad.

No cabe llevarse a engaño: lo que se rubricó ayer en realidad fue un fenomenal fracaso colectivo, un desastre político del cual hay muchos responsables (en especial la deriva del soberanismo). Lo que ayer se firmó es la ruptura del orden constitucional, el quebranto del Parlament, la conversión de la Generalitat en una institución que ya no representa a todos los catalanes sino tan solo a un proyecto político que se ha embarcado en una aventura irresponsable e ilegal a la que han arrastrado a unas instituciones que son de todos. La Generalitat se ha declarado en rebeldía. No es aventurado predecir que la espiral de acción independentista y reacción legal del Estado que nos ha llevado hasta aquí no hará más que acelerarse. Las consecuencias son imprevisibles, pues desconocida es la situación en la que la irresponsabilidad y el radicalismo nos ha traído hasta aquí.