De lo que estamos viviendo en la política española en los últimos meses por cuenta de Cataluña podemos extraer muchas lecciones, pero me quedo con cinco que me parecen esenciales.
La primera es que la Constitución de 1978 está viva. Ha aguantado viva la irrupción de Podemos, uno de cuyos primeros mensajes fue la demolición de la Constitución por ser parte del «Régimen del 78», así como la permanente propuesta del PSOE de modificarla para darle acomodo a la “singularidad” catalana (Declaración de Granada dixit), y los continuos desafíos de los nacionalistas de distinto signo y territorio. La Constitución de 1978 está viva y, con la crisis catalana, hemos descubierto que tiene mecanismos para protegerse, como el artículo 155. De paso, la ciudadanía ha descubierto que el Senado existe y tiene, a veces, funciones esenciales.
La segunda lección es la ratificación de que España es un Estado de Derecho. Lo es desde hace 40 años. Lo que significa que el ejercicio del poder está sujeto a la ley. Los políticos, pues, tengan los votos que tengan, no pueden hacer lo que quieren, y, menos, vulnerar la ley. Porque el primer derecho que tiene cualquier persona es que la acción de los políticos y de la administración esté regulada. Sólo así se puede preservar la libertad y ejercer los demás derechos. El Gobierno de la Generalitat ha estado sistemáticamente vulnerando los derechos de los catalanes porque han actuado fuera de sus competencias.
La tercera enseñanza es que el Código Penal existe y es una pieza esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Más aún, como se expresa en el primer párrafo de su Exposición de Motivos, el Código Penal «ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de ‘Constitución negativa’. El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social». Y entre esos principios básicos de convivencia está la Constitución positiva, de ahí que recoja, aprendiendo de nuestra historia, un conjunto de «delitos contra la Constitución».
La cuarta enseñanza es que España es ya una democracia madura. Y esa madurez se manifiesta en la forma en la que se está afrontando esta crisis, en la actuación de la Justicia y en las reacciones de la ciudadanía. Porque esta crisis se ha afrontado desde la ley, actuando cuando había hechos ciertos sobre los que actuar. Es posible discutir si se tenía que haber hecho algo hace años, pero es también cierto que en aquel momento no existían todos los instrumentos jurídicos de los que hoy se dispone (como el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su actual redacción). Es posible debatir sobre cada una de las decisiones tomadas por el Gobierno y sobre las posiciones de cada uno de los partidos. El hecho es que la Justicia actúa y que la inmensa mayoría de la ciudadanía en toda España ha acogido los acontecimientos con preocupación, pero con tranquilidad, y esto nos dice que no somos una sociedad débil, ni una democracia adolescente.
Finalmente, la quinta lección es que el Estado de las Autonomías tiene un límite. El título VIII de la Constitución diseñó un proceso. Un proceso de construcción de un Estado con Autonomías, no, como algunos han creído (y muchas veces parece), un proceso de destrucción del Estado a través de las Autonomías. En nuestra Constitución, la Autonomía no es un estado intermedio para llegar a la independencia, es el estadio final de la organización del Estado. Las Autonomías no pueden ser «miniestados», sino Estado. Lo que debiera tenerse en cuenta cuando se hable de reformar la Constitución.
Y, junto a estas lecciones, el recordatorio de un principio elemental en política: las leyes son política. Es cierto que no son «toda la política», pero son la esencia de la política en democracia. De ahí que la esencia del poder sea poder redactar el BOE.
* Profesor de Economía. Universidad Loyola Andalucía
