Ayer se conoció la sentencia del caso Quintana, por el que se han sentado en el banquillo dos mossos catalanes acusados de haber dejado tuerta con proyectil de goma a una mujer en la huelga general del 14 de noviembre del 2014. Los hechos generaron una gran polémica en toda España, precedidos como estaban de otras discutidas actuaciones de la policía autonómica catalana. Es comprensible la «frustración» que dice sentir la víctima, Ester Quintana, porque al final la sentencia haya absuelto a los dos acusados. Perder un ojo por la intervención irresponsable de unos policías que hicieron uso de un arma de forma injustificada y saltándose los protocolos no es admisible en una sociedad democrática. Y es difícil asumir, como dice la sentencia, que no se haya podido establecer qué unidad y qué agente cometió la infracción. Los magistrados, que deben remitirse a los hechos probados, no han podido hacer más. La sentencia es un duro alegato contra la actitud corporativista. Porque ser policía no da licencia para todo. Se es pieza fundamental del monopolio de la violencia, que tienen los poderes públicos, pero por eso mismo se asume una gran responsabilidad y no hay corporativismos que valgan, y en este caso es imposible creer que en el cuerpo policial no haya nadie conocedor de los hechos. Al menos, la víctima ha sido indemnizada, con lo que la Generalitat admite su responsabilidad. H
