Las cifras de personas afectadas por la intolerancia al gluten de los cereales, es decir, por la enfermedad celíaca, se han disparado en los últimos años. En parte, porque ya se diagnostica con más frecuencia, y en parte porque el excesivo consumo de alimentos elaborados termina por afectar al sistema inmune y provoca esta patología. La inicidencia en Córdoba es apabullante: de una persona celiaca por cada 1.400 nacidas hemos pasado a una por cada 70, es decir, el 2% de la población total, unos 16.000 cordobeses en la actualidad. Se diría que esta elevada tasa es suficiente como para que se arbitren soluciones, pero en este caso nos encontramos con que la sencillez del tratamiento se convierte en su principal dificultad, ya que no estamos ante una enfermedad que requiera medicamentos recetables por la Seguridad social, sino que se combate con una dieta sin gluten. En los últimos años ha aumentado la oferta de productos alimenticios tolerados por los celíacos y tanto los alimentos como las cartas de los establecimientos públicos están etiquetados para facilitar información. El problema es el precio del alimento sin gluten, que las más de las veces triplica el del mismo producto sin tratar, de modo que la dieta se convierte en un problema económico de primer orden para el presupuesto familiar. Los afectados ya están en asociaciones, pero se ve que el movimiento todavía no es lo suficientemente fuerte como para imponerse a una industria alimentaria que aprovecha la ocasión. Quizá la administración debiera apoyar la creación de cooperativas o grupos de productores o compradores que facilitaran el abaratamiento de los precios. Y respaldar el ensayo del cultivo de trigo sin gluten patentado desde Córdoba por investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, una patente que, tras seis años, no encuentra comprador. H
