El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a la larga acción judicial de la Operación Malaya , cuya investigación se inició en el 2006 y terminó en el 2013 con condenas para 52 de los 95 procesados. Los 48 recursos de casación presentados acaban de ser resueltos por el Supremo, que ha aumentado de 11 a 17 años la pena de prisión para el cerebro de la trama, el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y mantenido con contadas excepciones las penas y multas impuestas por la Audiencia de Málaga. De los dos implicados cordobeses solo recurrió Rafael Gómez, al que la sala mantiene la condena de seis meses de prisión y 150.000 euros de multa. Casi diez años ha tardado en cerrarse el que hasta hace poco era el caso más escandaloso de corrupción en España, una trama de pago de comisiones a cambio de contratos públicos y recalificación de suelos en la que estaban implicados empresarios, políticos y abogados, y que llegó a tal extremo que el Gobierno dictó en el 2006 la disolución del Ayuntamiento marbellí.

La lentitud de la justicia quizá haya impedido que del caso Malaya haya derivado un efecto de ejemplaridad, ya que mientras se investigaba, otros focos de corrupción de igual y más calado se gestaban en toda España. Gürtel , Noos , Bárcenas, ERE, cursos de formación y Púnica, entre otros, ponen de manifiesto la falta de control del dinero público y la de escrúpulos de muchos políticos. El Alto Tribunal ha señalado los inconvenientes de las macrocausas --ahí cabe ese refrán popular: "Quien mucho abarca, poco aprieta"-- por cuyos resquicios se han colado conductas delictivas que no se han podido sancionar. Un aviso, quizá, a los jueces que ahora briegan con la instrucción de estos casos lamentables.