Preside la asociación protectora Parque Animal, de Torremolinos, y ha sido condenada a tres años y nueve meses de cárcel como responsable de la muerte «sin control» de más de 2.100 perros y gatos que alojaba entre el 2008 y el 2010, y a los que suministró productos eutanásicos de forma incorrecta, y en dosis bajas para ahorrar costes, lo que provocó su «lenta y dolorosa agonía».
