Ante unas actuaciones ilegales, antidemocráticas, basadas en la mentira y en el engaño, desafiantes, poniendo en peligro no solo el estado de Derecho, sino la paz social, no voy a entrar en si la fuerza policial actuante, ante la pasividad de los mossos, fue proporcionada o no, pues aunque lo fuera y estuviera justificada, como lo estaba en cumplimiento de autoridad judicial, lo cierto y verdad es que solo se habló el 1-O y el día después, de la carga policial, no de la ilegalidad que se estaba cometiendo. Lo que se vendió, dentro y fuera de España, es la actuación policial contra, la llamada «ciudadanía». Aunque hubiera provocación, insultos, amenazas, eso no se dice, se silencia porque si no es la prensa española quien manipula, pues lo que llama la atención y vende no es la violencia verbal sino la física. Y en eso erró el Estado, pecó de ingenuo, pues lo que consiguieron con ello los separatistas son argumentos para «justificar» su postura independentista. Ingenuidad porque se habían decomisado millones de papeletas y cientos de urnas, pero allí estaban las urnas y las papeletas, y porque se ordenó judicialmente a los mossos que desalojaran colegios y los precintaran, actuación fundamental para evitar la votación, y se encomienda tal función al cuerpo autonómico que ya había hecho dejación de sus funciones anteriormente. Ya sabemos que no hubo referéndum porque la simulación de votación del domingo carece de validez alguna, pero en vez de hablarse en Europa y resto de la comunidad internacional del engaño del referéndum, de cómo varias personas votaron cuatro veces, o como las urnas opacas llegaron llenas de papeletas a los colegios, o como se votaba en plena calle sin censo, orden ni garantía, se vieron otras imágenes que no debieron ocurrir, y aunque el resto de países democráticos apoyan al estado español, también instan a éste a que negocie. Eché en falta una declaración institucional del Rey, Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, declaración que, por fin, llegó anoche; y otra más contundente del presidente del Gobierno. Tras las mencionadas imágenes, era difícil salir, pero debieron hacerlo, pues la sensación de muchos fue de tristeza e indignación por no pararse lo que se dijo se pararía y era obligatorio parar, sino ¿para qué tantas fuerzas y cuerpos de seguridad trasladados a Cataluña?

Y ahora, estamos en un punto de partida peor que antes, con huelga general y «paro de país» (no entiendo la diferencia) que da más publicidad a los secesionistas, y con un Puigdemont que amenaza con declarar unilateralmente la independencia si no se llega a una negociación «sin condiciones». Basta de ingenuidad por parte del Estado, éste ha de demostrar la fuerza de la democracia y del derecho. No se puede permitir que quienes han actuado fuera de la ley impongan una independencia, sigan presionando y amenazando con ello, y exigiendo condiciones, económicas y personales inaceptables, que quebrarían el derecho fundamental de igualdad de todos los españoles. Si han mentido y engañado a sus ciudadanos y al resto de España, lo volverán hacer.

* Abogada