Hubo un tiempo en que los universitarios estimaban como salida profesional preferente la colocación en una entidad financiera, que actuaban en el imaginario colectivo como corporaciones sólidas donde podías trabajar toda la vida, con 16 pagas anuales y grandes beneficios sociales, con un horario cómodo y un intachable nivel de legalidad y seguridad jurídica, donde el director de una sucursal se convertía en una figura social destacada dado su importante papel de confidente, consultor y custodio de haberes.

Al día de hoy, sin embargo, uno de los grandes damnificados de la crisis han sido dichas entidades financieras, que han hecho tambalear al propio sistema. La caída de grandes corporaciones estadounidenses, el maquillaje de cuentas de prestigiosas consultoras, el blanqueo constante de capitales por algunos, el enjuague de operaciones financieras y de constructoras, el asedio de la política al control de las cajas de ahorros colocando a sus afines y aprobando operaciones ruinosas desde la lógica más elemental llevándolas a su exterminio, las primas y sobresueldos bochornosos de sus directivos, el mangoneo de los consejos de administración, los acuerdos de entidades vulnerando la libre competencia, han llevado a la condena de tribunales de dichas entidades y algunos de sus máximo responsables como en el caso de la CAM o Novagalicia. Pero lo que la población menos perdona han sido los fraudes masivos a los consumidores y la condición de abuso y desigualdad con el que dichas entidades se relacionan con los ciudadanos, mediante contratos de adhesión que firmamos a sabiendas de la nulidad por desequilibrio de algunas de sus cláusulas, como los gastos hipotecarios de vivienda. Ejemplos los tenemos en las acciones preferentes, o en las claúsulas suelo, los swaps y productos tóxicos de todo tipo, el cobro indebido de comisiones, o la reciente anulación por el Supremo de las hipotecas multidivisa. La insensibilidad con el derecho a la vivienda procurando el lanzamiento y desahucio de sus hogares de miles de familias, aplicando una legislación hipotecaria abusiva y desproporcionada, ajena a otras latitudes, han llevado a la sociedad a indisponerse con dichas corporaciones que, con la otra mano, condonaban deudas a partidos políticos y repartían tarjetas black, ante la mirada perdida de los mecanismos de control. Poderoso caballero don Dinero.

La reestructuración del sector, pagaba con el bolsillo de todos los trabajadores, con la fusión de bancos, cierre de oficinas, las reducciones de plantilla y el endurecimiento de sus condiciones laborales, y una peor atención al ciudadano, que se ve obligado a tirar de tecnologías on line y pagar más comisiones, se encuentra aún inacabada. El estudio de MyWord en 2015 acredita que el 72% de los ciudadanos de nuestro país culpa de la crisis y sus consecuencias a las instituciones financieras, por encima de la cuota de responsabilidad de 18,5% que atribuye a los gobiernos. Mucho más que en otros países europeos donde las responsabilidades están más compartidas. Hace años era impensable demandar a una entidad bancaria, ahora lo impensable es no hacerlo por la cantidad de abusos masivos que los tribunales van frenando. El consumidor se ha vuelto mucho más exigente y rebelde. Ha desaparecido la fidelidad del cliente de toda la vida con un banco sin corazón, que solo persigue el máximo beneficio y le lleva a endosarte todo tipo de productos. Existe una bancofobia generalizada ganada a pulso, una percepción de mal necesario que costará tiempo revertir.

* Abogado