La difusión, ayer, del estudio encargado por el Gobierno sobre las balanzas fiscales o cuentas públicas territorializadas tiene tantas lecturas como posiciones políticas o geográficas, y no ha conseguido frenar las opiniones de descontento ya reflejadas en el debate sobre la financiación autonómica. Las balanzas señalan la diferencia existente entre lo que cada comunidad autónoma recibe de las arcas del Estado y lo que aporta a las mismas.

En este estudio, con datos del año 2011, cuatro autonomías reflejan un saldo negativo --es decir, que aportan más de lo que reciben--, encabezadas por Madrid (que recibe 16.723 millones menos de lo que aporta al Estado) y seguidas por Cataluña (con un déficit fiscal de 8.455 millones de euros, aunque haciendo las cuentas por otro sistema, la Generalitat eleva a 15.000 millones ese desfase), Comunidad Valenciana y Baleares.

En el lado contrario están el resto de las comunidades autónomas. En cifras absolutas, Andalucía es el territorio español que tiene un saldo positivo más alto, que alcanza los 7.421 millones de euros, dado que sus ingresos fiscales se elevan a 12.087 millones, pero el gasto público es de --4.666 millones. Sin embargo, si se ponen los números en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) y la población, otras seis comunidades y las dos ciudades autónomas son más beneficiadas que Andalucía, y así lo reconoce el estudio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que señala que el nivel de financiación es inferior al promedio nacional. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, subrayaba ayer que Andalucía recibe menos recursos de los que le corresponden, y que las balanzas fiscales "desmienten que la comunidad sea la que recibe más solidaridad". El discurso coincide con la exigencia de Andalucía de que se revise el modelo de financiación autonómica, dado que no atiende a Andalucía en función de su población.

El esfuerzo de la consejera es encomiable, pero difícilmente va a conseguir que Andalucía se quite el estigma de tierra subvencionada que con tanta eficacia utilizan --y ya lo hicieron ayer-- en otros territorios para justificar, mediante el agravio comparativo, políticas separatistas o simplemente los efectos de la crisis. Pero rechazando la demagogia no hay que rechazar la autocrítica, y la Junta deberá demostrar ante sus ciudadanos un uso más eficiente de los recursos públicos y un mayor impulso al empleo y la actividad económica, tal y como se propone con los últimos planes de actuación aprobados por el Gobierno andaluz. Los números conocidos ayer son un ejercicio de transparencia que puede permitir un diálogo más fundamentado de cara al equilibrio territorial en España. El saldo negativo de cuatro comunidades se debe, felizmente, a su mayor renta y riqueza, y solo un 17%, según calcula el estudio, refleja diferencias de trato a los ciudadanos. Es ahí donde debe buscarse consenso y rigor.