Setenta y cinco años después del inicio de la guerra civil todavía sigue abierto este capítulo trágico del pasado. Las iniciativas legislativas sobre la recuperación de la memoria de las víctimas, la localización y dignificación de los restos, la condena de la dictadura, la perduración de la simbología franquista resultan claramente insuficientes para dar satisfacción al duelo contenido durante décadas por las familias afectadas y la humillación padecida por aquellos que combatieron la dictadura. Incluso en el tema del Valle de los Caídos, mausoleo construido por presos republicanos que alberga el cuerpo del dictador y donde fueron trasladados miles de restos de soldados republicanos y franquistas que hoy se encuentran en un estado deplorable, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de la reciente creación de una comisión de expertos, ha sido incapaz de tomar las decisiones adecuadas para reconvertir el Valle tal como dispone la ley de la memoria histórica. No hay duda de que la intransigencia del PP a eliminar la distinción entre vencedores y vencidos que impuso la dictadura no ayuda a normalizar lo que sería normal en cualquier Estado de derecho y democrático. Resulta lamentable que todavía hoy el recuerdo de la guerra civil siga siendo un motivo de pugna política y se utilice como ariete demagógico para desgastar electoralmente al contrario. Por dignidad y respeto a los derechos humanos los ciudadanos de una sociedad democrática no deberían consentir que decenas de miles de sus antepasados reposen todavía en fosas comunes olvidadas en los márgenes de caminos, campos, bosques o cementerios.