Reacciona el Ministerio de Sanidad tarde en su intento de querer armonizar las distintas coberturas sanitarias a los inmigrantes que viven en situación irregular en las comunidades españolas. Ciertamente se precisa una solución al desbarajuste actual que lleva a que la atención sanitaria de los 'sin papeles' sea distinta según el territorio en que esté empadronado. La situación es resultado del demoledor decreto que el PP aprobó hace tres años y que excluía de la atención primaria a esas personas (salvo en los casos de embarazo, menores y urgencias). Muchas autonomías (incluso algunas dirigidas por el PP) han ido aprobando normativas propias para atender a quienes no tenían tarjeta sanitaria y esquivar así una ley que recibió demoledoras críticas de colegios médicos, entidades sociales, partidos políticos y hasta del Consejo de Europa que el Gobierno siempre desoyó.
Andalucía siempre ha estado en el lado contrario a la propuesta ministerial. Así, ha rechazado desde el primer momento la propuesta del Ministerio de crear un registro específico para la atención sanitaria a personas inmigrantes por considerarlo "discriminatorio y disuasorio". En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales para facilitar a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud. Significativo es el caso de Madrid, donde la presidenta regional, Cristina Cifuentes, del mismo color político que el partido del gobierno, ordenó hace ya una semana a los gerentes de hospitales y centros de salud prestar atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, en contra del criterio del PP. Quienes acudan a un centro sanitario, con o sin documentación, deben ser tratados en los hospitales públicos de la comunidad madrileña.
CON LAS URNAS A LA VISTA
Ahora, cuando expira la legislatura y las urnas se acercan, Sanidad parece querer retroceder. Lo hace, además de con tardanza, mal. No es tiempo de negociar los días de empadronamiento del inmigrante o de su nivel de ingresos o su inclusión en registros discriminatorios. El derecho a la salud que recoge la Constitución no admite limitaciones y debe prevalecer sobre cualquier beneficio económico vinculado al ahorro en el sector sanitario. La asistencia universal sanitaria fue uno de los pilares del Estado de bienestar en España. Su plena recuperación resulta ahora uno de nuestros desafíos colectivos.
