Si el gasto global del Estado se cifra en unos 467.000 millones de euros/año, al menos su 20% cabría encuadrarlo presuntamente en lo prescindible (observatorios, fundaciones, empresas públicas, etc.), apto, por tanto, para ser destinado a paliar los recortes que del presupuesto social se efectúan; máxime teniendo en cuenta el no practicado, pero teórico control prometido, de los presupuestos de las CCAA; pues, muy al contrario, estos se alimentan con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y con el Plan de Pagos a Proveedores de casi 190.000 millones de euros.

Mereciendo mención aparte el caso de la administración pública de la comunidad autónoma catalana, a la que se le ha asignado más del doble de lo representado por su PIB en el conjunto español, que no pocos entienden como una burda forma de financiar la sedición que una parte de esa sociedad esgrime y practica contra la otra, desoyendo y burlando las sentencias del Tribunal Constitucional que la condenan y los derechos de los ciudadanos que no secundan el separatismo soberanista, y cuando, además, no se persigue contundentemente, sin pusilanimidad, este grave delito que por etapas se perpetra por las diversas marcas de los dirigentes antisistema, y por los restos del cada vez más radicalizado nacionalismo.

Y para más inri no solo se ha desechado recortar el tildado despilfarro prescindible, dizque político, sino que se le mantiene libre de la estatal intervención controladora, sustentándolo con una tributación más que incrementada, que alcanza uno de los niveles más elevados de la OCDE, sobre las familias y las rentas del trabajo; dejando, además, como herencia de futuras generaciones una deuda pública que supera con creces el monto total del PIB nacional, de difícil devolución y que lastra y lastrará la política económica y social que pudiera practicarse por un Gobierno en búsqueda ahora de su investidura parlamentaria con la pretensión de realizar lo que no hizo, incumpliendo gran parte de su programa electoral, cuando consiguió la mayoría absoluta el partido político que lo sostenía.

* Doctor ingeniero agrónomo

Licenciado en Derecho