El máximo responsable del fútbol español y su junta directiva han sido imputados por prevaricación, malversación y apropiación indebida de 1,2 millones de euros que dio en el 2010 el Consejo Superior de Deportes (organismo al que la federación ya reintegró 1,5 millones de euros por este motivo el pasado 24 de enero) para promocionar la candidatura para el Mundial 2018.