El conflicto catalán parece haber sumido a España en una suerte de parálisis que no debe consentirse, pues la vida cotidiana de los ciudadanos continúa y es necesario hacer política para que la sociedad progrese. Uno de los asuntos enredados tangencialmente en el procés es la financiación autonómica, cuya reforma no debe (ni puede) esperar más. Estos días los grupos negocian para llevar al Parlamento de Andalucía una propuesta conjunta de nuestra comunidad autónoma sobre esta materia. Más allá de su contenido (la Junta reclamará una financiación basada en la población, con una cantidad adicional de 4.000 millones para Andalucía, y dos fondos destinados a garantizar los servicios públicos y la cohesión territorial) lo importante es el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno andaluz para llegar a acuerdos entre partidos políticos que permitan acudir con la fuerza de la unidad a esa mesa de negociación que el ministro Cristóbal Montoro ha dicho, por fin, que abrirá pronto. La posición de Podemos, favorable a la propuesta de la Consejería de Hacienda, es una nota positiva, aunque la clave estaría en conseguir hoy el acuerdo con el PP. Una Andalucía unida y cohesionada tendría un gran peso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
