Al igual que la disponibilidad económica de una familia condiciona su modo y tipo de vida, también el dinero que la Junta de Andalucía dispone cada año para destinarlo a la sanidad pública condiciona y limita irremediablemente la atención sanitaria y cuidados que reciben los pacientes y ciudadanos en general.
En este sentido, Andalucía es la comunidad que menos dinero destina a la sanidad pública, con solo poco más de 1.000 euros por habitante y año, muy lejos de los 1.584 euros que destina el País Vasco o incluso de la media del conjunto de comunidades autónomas, situada en 1.300 euros por habitante y año, lo cual evidencia claramente que la mayoría de las comunidades autónomas apuestan sin reserva por la sanidad pública, mientras Andalucía opta por recortar presupuestos, medios, recursos, asistencia y cuidados a los ciudadanos, debilitando el sistema sanitario en su esencia.
Por tanto, si los recursos económicos son deficitarios, necesariamente los recursos materiales y humanos también, y por tanto está claro que esta situación conllevará también déficit en salud y calidad asistencial.
Así lo corroboran diversos estudios y también la valoración que los cuidadosos hacen de la sanidad pública andaluza.
En este sentido, es necesario recordar por otro lado que Andalucía tiene el gasto sanitario en centros de salud más bajo de Europa, lo cual condiciona la atención sanitaria en el primer nivel de atención al paciente o al ciudadano como es la atención primaria.
Tampoco la sanidad andaluza resiste un simple estudio comparativo entre comunidades autónomas, pues es la última de España en camas por mil habitantes con un índice de 2,19, mientras la media de comunidades es de 3,12. En quirófanos por mil habitantes solo dispone de 8,20, mientras la media de comunidades es de 9,30.
Tampoco en medios técnicos sale bien parada, pues el índice de TAC y resonancias mMagnéticas por millón de habitantes es de 22,9, mientras la media de comunidades es de 28. En cuanto a personal de enfermería en hospitales se dispone de una tasa de 2,61 por mil habitantes, ocupando el último lugar de España, mientras la media de comunidades es de 3,25.
Esta deficitaria situación presupuestaria, acompañada de déficit en recursos y medios incide directamente en el sistema sanitario y en los servicios que ha de ofrecerse al ciudadano. Al respecto cobra especial relevancia la evidente destrucción de puestos de trabajo en el sector --7.000-- en los últimos cuatro años, lo cual ha descapitalizado asistencialmente la sanidad andaluza y ha incrementado las situaciones de riesgo para la seguridad del paciente. Al mismo tiempo que la drástica reducción de camas incrementa exponencialmente las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas.
Todo este déficit estructural, presupuestario y también de recursos y medios, lejos de quedar disimulado o pasar desapercibido para los ciudadanos, éste ha tomado conciencia del mismo y sobre todo de sus consecuencias, como así lo acredita que la valoración ciudadana de la sanidad pública andaluza haya retrocedido en solo dos años 7 puestos en el ranking de comunidades autónomas, pasando del puesto 6 al 13 y pasando al grupo de comunidades con servicios sanitarios deficientes. Opinión que llega a las listas de espera, la cual ha pasado en cuanto a valoración negativa de la misma por parte de los ciudadanos del 13% al 34%.
Ante este panorama nada prometedor, no alivia ni resuelve la situación, que el presupuesto de 2017 contemple un incremento de 4,90 euros al mes por habitante y año, destinando Andalucía a sanidad el 6% de PIB, mientras España destina el 7% o países como Estados Unidos, Holanda o Suiza destinan el 16,4% y el 11,1% del PIB respectivamente.
Por tanto no es alentador ni ilusionante el presupuesto sanitario aprobado para 2017, como tampoco lo es que desde la Consejería de Salud se justifique que Andalucía destine menos dinero a salud que nadie, aludiendo que es por su «eficiencia en la gestión», cuando la realidad es radicalmente diferente; los objetivos de recortes asistenciales que cada año imponen los directores de unidades de gestión clínica son inaceptables y el ciudadano lleva tiempo dando señales de incontestable y evidente malestar y rechazo a como se está dirigiendo y gestionando la sanidad pública andaluza. Por tanto, alguien debería tener la sensibilidad social suficiente para alejándose y huyendo de la complacencia y el desprecio a la opinión de ciudadanos y profesionales, sea capaz de dar un giro de más de 180º a nuestra sanidad pública andaluza, lo contrario es condenarla a la descapitalización asistencial, el descrédito, la desmotivación y frustración de los profesionales, así como a la desconfianza creciente de los ciudadanos.
* Secretario provincial Satse Córdoba
