Amanecía el esperanzador 28 de febrero de 1980 cuando con algo más de veinte años me dirigía al barrio cordobés de las Moreras para estar en una mesa electoral. Las Moreras de los años ochenta estaba habitado por familias humildes que vivían en pequeñas casas "portátiles", aquellas casas "provisionales" que acogieron a varias generaciones. Una abuela gitana del barrio, enlutada, de pelo blanco y un moño perfectamente recogido, fue a votar. Ante la urna, el presidente de la mesa le pidió el carnet de identidad con la mala suerte de que se le había olvidado. Se marchó a duras penas ante su falta de movilidad. Lo mejor del día fue cuando poco antes de cerrar el colegio electoral, María se presentó renqueante con carnet en la mano y papeleta para votar por su Andalucía, por su tierra y su gente. Ese instante representó para mí lo mismo que aquel domingo 4 de diciembre de 1977 cuando con la blanquiverde participé en la multitudinaria manifestación de Córdoba para exigir al Gobierno que nos reconociera con los mismos derechos que Cataluña o el País Vasco a través del artículo 151 de la Constitución.
Después de 35 años el pueblo andaluz volverá a votar en un momento social y político muy delicado. Una realidad que requiere la reflexión que hizo Blas Infante en el Ateneo de Sevilla en 1914 con estas palabras: "Este es el problema: Andalucía necesita una orientación política, un remedio económico, un plan cultural".
Todas las personas que se presentan al Parlamento andaluz deberían prometer ante el estatuto de Andalucía que reconocen a esta tierra, preñada de cultura e historia, como una nacionalidad histórica, y que dignificarán a sus gentes luchando contra la pobreza, el paro y las desigualdades. Posiblemente, con este primer filtro las listas electorales quedarían bastante menguadas. Aún hoy nos llegan de fuera diciendo que nos quieren enseñar a pescar, enseñar a un pueblo que en palabras de Antonio Gala: "fue literalmente el ombligo de un orbe y cuya aportación a la cultura occidental solo la de Atenas puede parangonarse".
Miguel, un joven licenciado en la universidad pública, está deseando encontrar un trabajo para regresar de Alemania y enriquecer a su tierra con su inquietud juvenil y su formación intelectual. Dolores, autónoma, está esperando poder abrir su pequeño negocio en el que tenía contratadas a dos mujeres. Nuestros mayores Trini, Antonia, Pedro..., se nos "fueron" antes de que sus familias recibieran la comunicación de tener derecho a una prestación por su situación de dependencia. Manuel, ejemplo del pequeño-mediano empresario honrado y emprendedor, lleva varios meses esperando que su banco de toda la vida deje de pedirle papeles para concederle un crédito con el que abrir una nueva línea de negocio.
Pepe, un joven criado en un barrio que padece la exclusión social, ha visto como sus abuelos, sus padres y sus hijos siguen siendo víctimas de una política que no ha terminado con las alarmantes cifras de la exclusión social. Sus abuelos engrosaban aquel 30% de pobres que padecía Andalucía en 1998, sus padres, en pleno crecimiento económico de 2004, formaban parte de los 2.5 millones que estaban bajo el umbral de la pobreza, y él con su familia es víctima de una nefasta política, llamada crisis y recortes, que al día de hoy condena a 3.2 millones de andaluces/as a la pobreza y exclusión social mientras los rescates bancarios nos cuestan millones y millones de euros.
En casa de Manoli no entra un euro desde hace varios años y se le cae la cara de vergüenza de hacer colas ante la Cáritas parroquial de su barrio para que le den una bolsa de comida. Antes tuvo que pasarse por su Centro Cívico para que la trabajadora social certificase su estado de pobreza y hacer todo un periplo por diferentes parroquias para que certifiquen que de ellas no recibe alimentos. La Administración pública certifica la pobreza y la iglesia hace la obra de caridad. Stop desahucios la está ayudando para que no la echen de su casa.
Enrique, parado tres años, es uno de los que están en el fatídico número millonario 1.396.000 parados de la EPA (Encuesta de Población Activa). Hace chapuzas para un empresario que se lucra de la economía sumergida que en Andalucía se eleva a 40.500 millones de euros (el 29% del PIB andaluz). Nuestro entrañable y querido Diamantino García Acosta, el cura jornalero e incansable luchador por la justicia social, decía hace años que los derechos humanos andan torcidos. Solo la ciudadanía puede enderezarlos desde la calle, el trabajo, el compromiso y el voto que lleve al Parlamento y al Gobierno andaluz a personas que conocen y quieren a su tierra, personas que no hacen de la política una profesión, personas dispuestas a combatir el empobrecimiento dignificando a sus gentes, y personas a las que se les humedecen sus ojos cuando entonando el himno de Andalucía exclaman: ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad!
* Profesor
