El debate sobre el estado de la comunidad ha aportado varios puntos de interés, más allá de la importancia de que este se celebre en un entorno de calma y de estabilidad en Andalucía --garantizada por el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sobre los Presupuestos del 2018-- que contrasta con las turbulencias de la política nacional. Y es que la sesión se cerró con los grupos aprobando, sin votos en contra, la resolución socialista de reclamar al Gobierno que presente de manera urgente una propuesta para la reforma de la financiación autonómica, y que empiece de inmediato el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La propuesta obtuvo los votos a favor de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de IU.

El Gobierno andaluz ha denunciado en muchas ocasiones que con el actual sistema de financiación autonómica no están reconocidas ni la población ni las necesidades de Andalucía. La presidenta, Susana Díaz, ha estimado en 850 millones de euros anuales esta pérdida. Y en los últimos tiempos ha señalado dos cuestiones a tener muy en cuenta: por una parte, que Andalucía no puede resistir más en esta situación: por otra, que nuestra comunidad autónoma no va a permitir que, si el «problema catalán» se resuelve a base de más dinero, Andalucía sea la perjudicada. La grave crisis de estado desatada desde Cataluña ha tenido, entre otras consecuencias, el retraso continuo en la reforma del modelo de financiación autonómica, pero estos momentos en los que el rupturismo independentista se desinfla un poco parecen adecuados para reclamar atención del Gobierno central al conjunto de las autonomías españolas. Hasta la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció el lunes pasado en Málaga que Andalucía tiene derecho a una mejor financiación. Desde un punto de vista realista, está claro que el modelo debe negociarse aunque Cataluña esté ausente de las mesas --salvo un vuelco electoral, será difícil que acepte una negociación que no sea bilateral--, y la resolución aprobada ayer por el Parlamento viene a ser un aval que da fuerza a la Junta de Andalucía ante un debate que será duro y complejo. En la crisis institucional abierta se está jugando también con el concepto de la España de dos velocidades, y Andalucía no puede consentir ser preterida. El premio a la lealtad institucional no puede ser el retroceso.

Bien está, y es lo justo, pelear por la financiación, pero Susana Díaz no debe olvidar que en el otro lado de la balanza está la gestión, como le reprocha continuamente el presidente del PP-A, Juanma Moreno. En el debate, la presidenta anunció la puesta en marcha de planes de choque para el empleo y diversas estrategias destinadas a estimular la economía. Son compromisos obligados, dada la situación del paro en nuestra Comunidad Autónoma, y el desafío está en cumplirlos con eficiencia.