El Debate sobre el Estado de la Comunidad terminó ayer con grandes dosis de crudo enfrentamiento político y agrias descalificaciones --de las que escuecen a los destinatarios cuando se formulan desde el atril parlamentario--, pero también con la aprobación de 125 de las 174 propuestas presentadas por los grupos políticos, 91 de ellas procedentes de la oposición. Entre ellas, la propuesta de Ciudadanos de solicitar a la Junta la elaboración de un Pacto Andaluz contra la Corrupción o la del PP que reclama un proyecto de ley que regule las subvenciones, junto a otras muchas presentadas por todos los grupos. Y con apoyos cruzados, como el de Podemos a iniciativas del PP. Si comparamos la situación con debates anteriores, en los que la mayor parte de las propuestas de resolución que salían adelante eran las del grupo mayoritario, que dejaba casi como cortesía un pequeño espacio a unas cuantas presentadas por la oposición, puede decirse que el cambio del panorama político español ha quedado reflejado con claridad en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Si el mensaje de estabilidad presupuestaria que lanzaba la presidenta ha colocado a Andalucía como punto de referencia de la política española, las resoluciones aprobadas ayer en las numerosas votaciones suponen un paso más. Con ellas, Andalucía se convierte en un ejemplo vivo de la nueva política, pero en su versión viable, basada en la negociación. H
