La primera lectura de los resultados del 25-M en Andalucía es inequívoca: triunfo de la izquierda. Entre el PSOE e IU suman alrededor del 50% de los sufragios, superando al PP en casi 10 puntos. Andalucía ha apostado claramente por una alternativa de izquierda, frustrando la pretensión del PP de ocupar el poder en todas las comunidades autónomas menos Catalunya y el País Vasco.

Dados los términos en que se había planteado el enfrentamiento electoral, no puede quedar la más mínima duda acerca no de la legalidad, sino de la legitimidad de un Gobierno PSOE-IU para los próximos cuatro años. Andalucía ha votado sabiendo qué es lo que estaba en juego y ha sabido estar, como lo estuvo el 28 de febrero de 1980, a la altura del reto con el que tenía que enfrentarse. De la misma manera que con el referendo en 1980 se consiguió imponer la interpretación del derecho a la autonomía como norma y no como excepción, con el resultado del 25-M va a impedir que se revise dicha interpretación, que ya se estaba cocinando. Esta es, con diferencia, la consecuencia más importante del resultado electoral. Sin la norma andaluza, el Estado autonómico tal como se ha desarrollado en estos 30 años no puede mantenerse. Y la preservación de la norma andaluza es lo que los ciudadanos han votado en las urnas. El 28-F ha estado presente en este 25-M.

Obviamente, el resultado tiene otras consecuencias más inmediatas. Frena el desmoronamiento del PSOE así como el avance que parecía imparable del PP, que, además, va a tener que hacer frente a partir de este momento a la reconstrucción del partido en Andalucía, que ha descansado desde la refundación de 1990 en el liderazgo indiscutido de Javier Arenas. Y a una situación endiablada en Asturias.

Las elecciones han sido andaluzas y asturianas, pero han tenido un componente estatal que saltaba a la vista. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo sabía y por eso ha retrasado la presentación de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al 2012. Sabía que estas elecciones, en especial las andaluzas, eran en cierta medida un referendo sobre su acción de Gobierno. Y el resultado ha sido elocuente.

A partir de esta noche, el Gobierno no va a poder decir que los ciudadanos están de acuerdo con la política que está poniendo en práctica como, sin duda, hubiera podido seguir haciendo si hubiera ganado en Andalucía y Asturias. Tiene legitimidad para seguir poniéndola en práctica, si así lo decide, porque ganó las elecciones generales y eso no se puede discutir. Pero no se puede pasar por alto que cuando los ciudadanos votaron el 20-N no sabían lo que el Gobierno iba a hacer y que, una vez que están empezando a saberlo, han optado por algo distinto.

* Catedrático de Derecho Constitucional