El Gobierno decide trasladar a dos presos etarras y vivimos un viaje al pasado. No es exactamente una vuelta al rastro de la sangre, sino a la tinta airada que entraba en los resquicios del dolor. El Gobierno traslada a dos presos etarras en tercer grado, Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, de la cárcel asturiana de Villabona a la de Basauri, en Vizcaya, y el PP regresa a sus esencias del 94, cuando Aznar reclamaba -con el dolor de la mayoría de la gente, con sus grietas en carne viva y su temor- el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas. Era la época del no a la reinserción, de la máxima y necesaria dureza ante aquel dolor máximo. Más o menos entonces, en 1997, estos dos presos etarras habían planeado asesinar a Juan María Atutxa, entonces consejero de Interior del PNV, y a Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco durante aquellos años de plomo matutino y letal. Fueron detenidos y condenados a más de 70 años de cárcel. Este reconocimiento de hoy del tercer grado cumple con todos los requisitos legales: se han desvinculado por completo de ETA y han pedido perdón; han colaborado con la justicia y afrontado las responsabilidades económicas de la sentencia, cumplidas tres partes de la condena. Las asociaciones de víctimas lo aceptan. Así Consueño Ordóñez, de Covite, afirma que este traslado es «absolutamente legal»; y Maite Araluyce, de AVT, asegura que «se ajusta a la ley y cumple todos los requisitos». También hace unos días salió a la calle Santi Potros. En un estado de derecho hay que cumplir la ley: algo distinto a la ética, como es sabido. Pablo Casado ha seguido a Carlos Iturgáiz en su acusación hacia el Gobierno de «premiar a los terroristas y castigar a las víctimas». Quizá el PP necesite un Pablo Casado, pero no un nuevo José María Aznar. Aunque fuera Aznar quien autorizó el mayor acercamiento de presos del «Movimiento Vasco de Liberación», como él los bautizó, a Euskadi. Hay que salir del bucle melancólico.

* Escritor