Lo que está pasando a cuenta de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios andaluces no es otra cosa que política, entendido el término en un sentido muy poco constructivo. Más concretamente, se trata de puro enfrentamiento político, escenificado en este caso en la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del decreto ley que regula la jornada de 35 horas para sus empleados públicos y en la decisión del Gobierno de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, lo que devenga de manera automática la suspensión cautelar de una normativa que afecta a 270.000 trabajadores públicos andaluces y a varios miles de contrataciones para compensar la diferencia de jornada, que desde el año 2011 se elevó a 37,5 horas semanales. Aquí ya no estamos hablando de juego o de confrontación política, sino de las consecuencias que tienen las decisiones de las administraciones sobre la vida de los administrados.

Arguye el Gobierno central que la Junta de Andalucía ha invadido sus competencias, y de ahí el recurso ante el Constitucional, si bien esta acción gubernativa --que ha llevado a cabo con otras comunidades autónomas por el mismo motivo-- llega con retraso, pues el decreto del Ejecutivo andaluz entró en vigor en enero pasado. Medio año después, justo cuando parecía que el Gobierno de Mariano Rajoy iba a hacer «la vista gorda» con Andalucía, se produce la paralización de la norma y, aunque el portavoz del Gobierno andaluz no cuantificó sus consecuencias, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, estimó que afectará a unos 5.100 empleos públicos, de los que casi la mitad corresponden a Educación.

Si a este inexplicable laissez faire seguido casi siete meses después de una medida coercitiva se añade el mensaje del ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, de que el Gobierno quiere aplicar la jornada de 35 horas de manera generalizada a partir del 2018, todavía resulta más extraño lo sucedido. La Junta ha instado al Gobierno a pedir el levantamiento de la suspensión cautelar, y el propio líder andaluz del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, es partidario de que así se haga, si bien reprocha a la Junta haber buscado la vía de los hechos y no la del diálogo. Un diálogo al que se dicen dispuestas las dos partes, y que debería producirse para resolver este ejemplo claro de la relación de tensión que existe --evidenciada en otros muchos ejemplos, como el de la subasta de medicamentos- entre el Gobierno central del PP y el autonómico del PSOE. Es verdad que la Junta de Andalucía ha querido hacer suya la decisión de implantar la jornada de 35 horas, adelantándose a cualquier acuerdo, pero también es cierto que el Gobierno central ha jugado con los tiempos, y, si ambas administraciones coinciden en su intención de ir revirtiendo los recortes impuestos por la crisis, lo lógico es que busquen puntos de encuentro. porque su confrontación daña directamente a los administrados.