El presidente catalán, Artur Mas, firmó ayer lunes el decreto de disolución del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de las elecciones autonómicas para el 27-S. Un decreto igual al de anteriores comicios porque se convocan con la misma legalidad y con la misma finalidad: elegir a los diputados que han de formar mayorías para gobernar la Generalitat. Con todo, es evidente que la voluntad expresada por el propio Mas, y por su candidatura, de hacer una lectura de los resultados electorales como si fueran los de un referéndum sobre la independencia de Cataluña no puede dejar a nadie indiferente. En primer lugar no deben quedar indiferentes los electores, tanto los que apoyan las movilizaciones independentistas como los que se oponen a las mismas, y menos aún los que las contemplan desde la indiferencia. La participación electoral es un derecho que se ejerce libremente, pero esta vez entre las consecuencias de la abstención está dejar el futuro de Cataluña solo en manos de los que desean la independencia que, alentados por el trasfondo plebiscitario, se van a movilizar todos. Tampoco los partidos pueden permanecer indiferentes a la importancia de estos comicios. Debe exigírseles la máxima claridad. Si se pretende provocar la ruptura de la legalidad vigente con determinadas mayorías es imprescindible dejar claro de qué estamos hablando, y justificar por qué motivo un paso tan trascendental como éste se pretende legitimar con mayorías inferiores a la reforma del Estatut o la Constitución, por ejemplo. Y más importante es evidenciar los riesgos de una pretendida secesión unilateral. Igualmente, los que acudan a las urnas planteando una solución pactada con el resto de España han de dar cuenta de sus contenidos reales.
Finalmente, el Gobierno y las instituciones del Estado deben atender la importancia de las elecciones del 27-S. Les corresponde constitucionalmente velar por el cumplimiento de la ley. Pero también cabe exigirles coraje e inteligencia para hacer política.
