Diario Cordoba Provincia

Martes 9 Febrero 2010

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La junta directiva de la Unión Pontanense de Caza (UPC) ha rechazado por unanimidad cazar la liebre y la paloma al entender que los requisitos impuestos por Medio Ambiente son "inviables" para una sociedad que aglutina a unos 650 socios. Los problemas que podrían acarrear, en caso de aplicarse esta autorización excepcional, serían mayores que los derivados de la sanción que durante este año está cumpliendo.

Esta sociedad tiene una sanción firme de 3.000 euros -que pagó- y un año sin cazar a contar desde el pasado 1 de junio por haberse encontrado un zorro joven atrapado en un cepo, aunque no se pudo demostrar la autoría. En concepto de daños a la agricultura los socios están cazando el conejo en todo el acotado -unas 12.700 hectáreas- desde este verano, con la veda correspondiente. Asimismo la UPC solicitó, también por daños, cazar otras especies. Esta opción se rechaza ahora y el presidente, José Navas, aseguró a preguntas de este periódico, que "los socios se verán compensados en la temporada próxima y no descarta que el conjunto de la sociedad tome medidas de calado político ante esta sanción que consideran "dura e injusta".

La resolución de Medio Ambiente autorizando a esta sociedad a cazar liebre y perdiz se considera, desde la UPC, una condición muy restrictiva. Por ejemplo se autoriza a cazar la liebre a 25 personas y a 40, la paloma. Desde la UPC señalan que "se omite y discrimina una vez más la modalidad de caza con galgos, que también son cazadores y tienen pleno derecho en esta sociedad". Además "las zonas delimitadas para la caza de estas especies son insuficientes y desacertadas, omitiéndose las zonas de mayor densidad, según nuestras apreciaciones".

Para la liebre, Medio Ambiente ha permitido cazar en un 5 por ciento del acotado y la paloma, en comederos, "y omite las zonas de pasos donde la presión cinegética sería mucho mayor y más eficaz". Asimismo la junta directiva desea evitar nuevos expedientes sancionadores "debido a que las ínfimas zonas permitidas podrían dar lugar fácilmente a errores de situación de los cazadores teóricamente autorizados".

El escrito enviado al delegado provincial de Medio Ambiente, Luis Rey, concluye afirmando que "debido al alto nivel de responsabilidad que siempre asumimos los gestores de los acotados, y cazadores en general, no nos planteamos la posibilidad de aceptar la resolución".

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