Diario Cordoba Sociedad

Martes 9 Febrero 2010

El ministro de Industria, José Montilla, impuso ayer una sanción de 1,6 millones de euros a la central nuclear de Vandellós 2, propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (26%). La multa, la más elevada que se ha impuesto a una planta atómica española, es el resultado de cometer tres infracciones graves, que la ley penaliza con un máximo de 600.000 euros. Industria ha respaldado la propuesta sancionadora que realizó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máximo órgano competente en el control de material radiológico y radiactivo, por la gestión del incidente registrado en la central el 25 de agosto del 2004.

Ese día se produjo una fuga de agua de mar en las instalaciones de la nuclear cuando una de las tuberías del sistema de refrigeración más alejado del núcleo del reactor se partió en dos por culpa de la corrosión. Aquello se convirtió en el segundo incidente más grave en la historia nuclear española, tras el incendio de la central de Vandellós 1 en 1989. Lo ocurrido hubiera podido evitarse porque la central había detectado síntomas de corrosión en 1993, pero el problema no había sido resuelto.

TRES INFRACCIONES La primera infracción, castigada con 525.000 euros, es por incumplir las condiciones de explotación, al romperse la tubería. La segunda, de 525.000, por no corregir este incumplimiento. Y la tercera sanción, de 550.000 euros, es "por ocultación de información" al CSN y falta de comunicación con el mismo, según la resolución. Inicialmente, el CSN calificó el incidente en el nivel 0 de la escala internacional de sucesos notificables (INES), pero finalmente, en octubre del 2005, lo reclasificó con el nivel 2. Vandellós 2 estuvo parada más de seis meses mientras se investigaban los hechos y se aplicaban medidas correctoras. Dos de sus directivos fueron destituidos y el CSN sufrió una crisis de confianza. Una comisión del Congreso de los Diputados analizó los hechos y concluyó que Vandellós 2 había primado las ganancias económicas por encima de la seguridad. La sanción impuesta por Montilla roza los límites legales de 1,8 millones de euros "porque la seguridad de las centrales nucleares es un tema prioritario", justificó el ministro. Sin embargo, el portavoz de Vandellós 2, Eugeni Vives, anunció ayer que "son sanciones de nivel intermedio y ahora los servicios técnicos y jurídicos las analizarán porque pensamos recurrirlas", dijo.

Los ecologistas, por su parte, criticaron las sanciones por insuficientes. Sara Pizzinato, de Greenpeace, las calificó ayer de "ridículas" y auguró que "la sanción no cambiará la política de seguridad de las centrales nucleares, claramente sospechosa. Sabíamos que la central recurriría y ahora lo importante es que Industria no la rebaje".

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