Diario Cordoba Andalucía

Martes 9 Febrero 2010

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la creación de una comisión interdepartamental, que coordinará las medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y estudiará la creación de un centro documental sobre la resistencia antifranquista y la reconciliación en Andalucía.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que informó en conferencia de prensa del contenido de este decreto, presidirá dicho órgano, que estará integrado por representantes de ocho consejerías (Presidencia, Justicia, Innovación, Gobernación, Economía, Igualdad, Educación y Cultura).

Este organismo se encargará, entre otras funciones, de elaborar propuestas al Consejo de Gobierno sobre nuevas medidas para el reconocimiento social y la reparación moral de los daños causados a las víctimas, al tiempo que profundizará en el estudio de sus derechos, y redactará informes sobre el estado de la cuestión e impulsará la coordinación con otras administraciones públicas en esta materia.

Con esta iniciativa, la Junta pretende reforzar las distintas iniciativas que actualmente desarrolla para el reconocimiento de las víctimas y que se concretan en indemnizaciones para ex presos y represaliados y en diversas medidas de respaldo institucional y financiero a los proyectos que se llevan a cabo para sacar del olvido a miles de andaluces asesinados y enterrados en fosas comunes, explicó Zarrías.

INDEMNIZACIONES Las indemnizaciones establecidas en 2001 y ampliadas el pasado año se dirigen a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos superiores a tres años y que quedaron fuera de las ayudas fijadas en 1990 por el Gobierno central.

Sus cuantías oscilan entre un mínimo de 1.800 euros y un máximo de 9.015 euros, dependiendo del tiempo de condena, unas ayudas de las que podrán beneficiarse en torno a 2.500 personas, de las que hasta el momento se han acogido 1.700 andaluces.

Por su parte, las medidas de respaldo institucional consisten en ayudas a entidades locales, universidades y asociaciones que desarrollan trabajos en torno al restablecimiento de la memoria y la dignidad de las víctimas de la represión franquista, con un presupuesto total de más de un millón de euros. La Administración autonómica presta también cobertura técnica para la localización y el descubrimiento de fosas comunes.

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