Diario Cordoba Local

Martes 9 Febrero 2010

Las autoridades españolas y marroquíes están dispuestas a luchar contra la inmigración ilegal por tierra, mar y aire y a aplicar medidas sociales para disuadir a los posibles candidatos para que no caigan en las redes clandestinas de tráfico de personas. Estas son dos de las conclusiones a las que llegaron ayer los miembros del grupo de trabajo permanente sobre inmigración hispano--marroquí, que estuvo presidido por la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, y el director general de Asuntos Interiores alauita, Mohamed Yassine Mansouri.

La experiencia de las patrullas mixtas ha dado buen resultado y ambos gobiernos se proponen reforzar estas actuaciones durante seis meses más "en las zonas de riesgo", es decir, en el Estrecho, en Madrid y en Canarias, puntos que contarán con tres oficiales marroquíes de enlace. Además, las patrullas mixtas, que trabajaban cuatro días a la semana, ahora lo harán durante seis, y no se limitarán sólo al control marítimo, sino que prestarán servicios por tierra y aire.

Rumí destacó que en lo que va de año se ha conseguido abortar mil intentos de traslados en la costa marroquí y se han desarticulado 361 redes de inmigración ilegal tanto en el norte como en el sur del país magrebí.

Gran parte del éxito de estas operaciones se debe a que Marruecos ha destinado 1.200 policías a estas tareas, según señaló Mansouri, quien recordó que las leyes de su país han endurecido las penas. Aún así, más de 4.000 personas han sido detenidas en la nación vecina desde enero por estas cuestiones, pues, según dijo, "la erradicación de la inmigración ilegal no daría sus frutos sin un marco jurídico que criminalice a las redes que trafican con seres humanos".

Entre las medidas sociales, Rumí apuntó que "el contingente es el mecanismo para venir a este país" y por ello "estamos ya trabajando con los servicios de empleo de Marruecos" en los lugares de origen.

DEBATE Respecto al reglamento de la Ley de Extranjería que ha comenzado a ser debatido, la secretaria de Estado manifestó que "antes de su aplicación diferenciamos entre los empresarios que explotan a los trabajadores de aquellos que tienen personas en situación irregular y quieren solucionarlo", aclarando que desde el Gobierno la regulación de flujos migratorios se hará a y través del orden establecido y la contratación.

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