El Ayuntamiento está pendiente de que la Comisión Provincial de Valoración resuelva sobre lo planteado en cuanto a las expropiaciones de las antiguas estaciones de ferrocarril del municipio. El alcalde, Juan Pérez, informó de la aparición de un documento de finales de finales del siglo XIX en el que se destaca que la propiedad de la estación de Lucena es del Ayuntamiento. Juan Pérez dijo que Adif ha encargado dos estudios externos para que se analice este tema y añadió que "siempre tendremos la puerta abierta para alcanzar un acuerdo y ahora de lo que se trata es de que se pronuncie la Comisión Provincial y diga qué valor tienen los terrenos".

La posible expropiación de las dos antiguas estaciones de ferrocarril se remonta varios años atrás y hasta ahora ha habido acuerdo, dadas las distantes posiciones del Ayuntamiento y Adif. Esta última contempla como propios los terrenos ocupados por la carretera de acceso a la estación lucentina desde el puente de Córdoba y otros del entorno y el Consistorio defiende que ello no tiene fundamento alguno.

Sobre este tema se interesó en el Congreso el diputado socialista Antonio Hurtado, quien formuló una pregunta al respecto. Se le respondió que no existía acuerdo, pese a que Adif había mostrado interés en que ambas infraestructuras fueran incorporadas al patrimonio municipal. También se dijo que el valor de estos inmuebles debería ser determinado en el correspondiente expediente de expropiación.

Este tema se debatió en el Pleno de agosto y tras ello se han llevado a cabo negociaciones con Adif por parte del propio alcalde, Juan Pérez, y de la concejala delegada de Hacienda, Araceli Bergillos. Sin embargo, ha sido imposible alcanzar un acuerdo, dado que Adif mantiene un valor de estos bienes cercano a los 4,5 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento considera en su hoja de aprecio que dicho valor está situado en torno a los 350.000 euros. Juan Pérez ha destacado que la relación con Adif es buena y que la valoración de los terrenos habría que acordar que lo que tenga que pagar el Ayuntamiento pueda hacerlo de manera suficientemente escalonada.