La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena han suscrito un convenio de colaboración por el cual la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) prestará asistencia técnica y servicios especializados al Ayuntamiento.
En virtud de este acuerdo, firmado en el Palacio de la Merced por la presidenta de la institución provincial, María Luisa Ceballos, y el alcalde de Lucena, Juan Pérez; la Diputación asume el compromiso, a través de Emproacsa, de prestar asistencia técnica sobre gestiones ante la autoridad sanitaria, control de vertidos en cauces y gestiones y recursos ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Del mismo modo, Aguas de Córdoba se ocupará de prestar servicios técnicos especializados como el de detección de fugas en redes de distribución, limpieza de colectores e imbornales con equipo mixto de alcantarillado e inspección interior de colectores con cámara de televisión.
Asimismo, prestará asistencia técnica en ingeniería para la elaboración de informes técnicos, estudios previos, planimetría, presupuestos, redacción de proyectos, exploración y elaboración de estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos.
El convenio contempla, también, asesoramiento jurídico en responsabilidad patrimonial y laboral; asistencia en el diseño del Plan de Formación o adhesión al de Emproacsa y acceso a las divulgaciones de la Diputación en materia de aguas.
Finalmente, el convenio contempla campañas de sensibilización ambiental en consumo responsable, la realización de talleres informativos sobre el uso racional del agua y la elaboración de cartelería.
Otro dato que merece la pena destacar es que para dar cumplimiento a esta asistencia técnica, el Ayuntamiento de Lucena aportará 32.400 euros. El acuerdo tiene vigencia indefinida, salvo renuncia de cualquiera de las partes.
AHORRO EN UN PRESTAMO
Por otro lado cabe poner de manifiesto el hecho de que el Ayuntamiento de Lucena aprobó ayer, en el único punto del Pleno, nuevas condiciones financieras para el préstamo ICO por 740.000 euros para atender la operación de endeudamiento del Plan de Pago a Proveedores. Se aprobó ampliar el periodo de carencia y reducirlo en 131 puntos básicos. Con ello, este año se ahorrarán 37.254 euros y 30.855 hasta el ejercicio económico del 2022.
