El 27 de septiembre fue firmado Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba y el Colegio de Abogados de Lucena en materia de defensa de la vivienda al objeto de colaborar en la mejora de las familias o personas en situación de mayor vulnerabilidad, pendientes de una diligencia judicial de lanzamiento de la vivienda que ocupan y con la finalidad de coordinar las acciones pertinentes de forma que los abogados puedan facilitar asesoramiento sin interferir en el normal desarrollo del proceso judicial.

El Derecho a una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución, se ha resentido sensiblemente con la situación de crisis que atraviesa la sociedad española. Es por ello que, desde la óptica de defensa de este Derecho Humano Universal, ambas instituciones consideran indispensable esta colaboración para prevenir situaciones de exclusión social que pueden conllevar la pérdida de la vivida habitual a causa de circunstancias sobrevenidas que dificultan o impiden el pago de una deuda hipotecaria o alquiler o que hubieran dado lugar a ocupación irregular.

En este orden de cosas cabe poner de manifiesto asimismo el hecho de que el Colegio de Abogados de Lucena lleva a cabo numerosas actividades a lo largo del año, y un buen ejemplo de ello fue la jornada en la que se analizó la nueva ley de la Juridicción Voluntaria. En dicha jornada participaron más de 150 letrados. Celebrada en La Manzana de Adán, la jornada fue abierta por el decano de la entidad colegial, Diego Juan Chacón Morales, e intervinieron José Arturo Pérez Moreno, abogado consejero electivo del Consejo General de la Abogacia Española; Pedro Aejandrez Peña, letrado de la Administración de Justicia y secretario coordinador provincial de Córdoba, y Carlos Rubio Sabio, también letrado de la Administración de Justicia de la sección tercera de la Audiencia. Diego Juan Chacón destacó la importancia de la jornada dada la actualidad del tema a tratar. Por su parte, Pérez Moreno puso de manifiesto que, con la nueva ley, a partir de ahora, algunos de los expedientes que hasta el momento se trataban en los juzgados pasarán a ser llevados por notarios y registradores.