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POLÍTICA

¿Es posible la independencia de Quebec? (Más bien no)

 

Pedro Vergara / Antequera (Málaga)
12/11/2017

De entrada, ni la Constitución canadiense ni el Derecho Internacional permiten la secesión unilateral de cualquier provincia de Canadá. Lo que si tiene cualquier provincia canadiense es el derecho a celebrar un referéndum, para conocer la voluntad de sus ciudadanos respecto a su status político.

El primer requisito (a decidir políticamente) para celebrar un referéndum es precisamente que la pregunta del referéndum sea clara, es decir, aborde sin trampas la cuestión de secesión sí, o secesión no. La Cámara de los Comunes de Canadá tiene el poder de decidir si la pregunta del referéndum de un hipotético proceso de secesión es clara antes de ser sometida a votación.

El segundo requisito es que se apruebe con una mayoría también más que clara a favor de la independencia en una provincia. La Cámara de los Comunes tendría la facultad de determinar algún tipo de mayoría reforzada, para considerar que el resultado del referéndum habría sido favorable a la secesión.

Si una mayoría clara vota a favor de la independencia, genera un mandato democrático que obliga al gobierno federal y el resto de provincias a negociar los cambios legales o constitucionales necesarios para hacerlo posible.

Esta negociación contemplaría el reparto de haberes y deudas, establecimiento de nuevas fronteras, la protección de las minorías y el establecimiento del mismo principio de divisibilidad dentro del ente separado. La cesión no ha de darse necesariamente sobre toda la provincia canadiense en la extensión territorial que hoy tiene. Todas las provincias y las primeras naciones (entidades políticas formadas por aborígenes americanos reconocidas en el sistema político canadiense) deben tomar parte en las negociaciones.

Como parte de esa negociación, si existen en la provincia consultada ciudades y territorios en los que la proporción de unionistas sea sustancial y claramente mayoritaria, aquella, para separarse, debe aceptar desprenderse de ellos para que puedan seguir siendo parte de Canadá.

Por último, una vez aceptados por ambas partes los acuerdos de la negociación, la secesión de una provincia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Para aprobar una enmienda de la Constitución, ha de ser aprobada por el Congreso y el Senado canadienses y por más de dos tercios (2/3) de la Asamblea legislativa provincial, que represente más del 50 por ciento de la población.

Esta ley, la Ley de Clarificación, fue aprobada el 29 de junio del 2000 y con ella habrá pocos nuevos intentos de secesión de Quebec.