Acertada adjetivación la que usó el periodista Miguel Ángel Llamas en su artículo periodístico titulado Los intereses creados, cuando definió de «connivente y promiscua» la relación que mantenían los poderes privados, banca y cajas de ahorros, con los poderes públicos. Qué lejos queda toda aquella pantomima y fuegos de artificio que, a través de un decreto del Gobierno de turno y su posterior publicación en el BOE, a fecha de hoy, ni las medidas eran urgentes y, sobre todo, no hayamos sido protegidos los consumidores, sino que nos consideremos totalmente utilizados, olvidados e ignorados; una vez más.

El esperado Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, manaba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, falló: «... declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional es contraria... sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. A la vista de esta doctrina del TJUE y ante el previsible incremento de demandas... se arbitra un cauce extrajudicial... de carácter voluntario para llegar a un acuerdo con la entidad de crédito».

Hoy, la realidad no es otra que unos juzgados de cláusulas suelo al borde del colapso; las demandas interpuestas por los consumidores y clientes de entidades crediticias se suceden en avalancha y, la supervisión y aplicación del código de buenas prácticas que el Gobierno vigilaría en la actuación de los bancos, no está dando ningún fruto, ni garantía para el cliente con clausulas suelo.

Qué sabio fue aquel periodista y qué sensata la Universidad de Andalucía al usar el citado artículo periodístico para el análisis de texto en las pruebas de Selectividad.