España, tras Camboya, es el segundo país con más muertos en las cunetas. Más de 110.000 permanecen enterrados en ellas. En 2007, el Gobierno Zapatero, con el apoyo de toda la Cámara a excepción del PP y ERC, sacó adelante la ley de memoria histórica para restañar las heridas de la Guerra Civil. Con ella, cualquier víctima de cualquier bando contendiente puede obtener el reconocimiento e información del Estado para tratar de localizar e identificar a su familiar o solicitar la retirada de símbolos fascistas. Desde el minuto uno el PP se mostró nervioso con burlas, ofensas y rasgado de vestiduras. Rajoy, siempre tan sensible, prometió derogarla cuando llegara al poder; pero una vez en él, no quiso asumir el desgaste y, vaciándola de contenido, optó por cargársela «en diferido» al no dotar su aplicación ni un solo euro. Hoy se vanagloria de ello. Un oprobio para las víctimas que, lejos del revanchismo, solo pretenden dar reposo a sus seres queridos y han de hacerlo sin ayuda.