A partir de ahora, comienza un periodo crítico en la historia de Colombia durante el cual las FARC deberán entregar las armas y sus líderes se integrarán en la vida política de Colombia.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En las zonas afectadas por el conflicto, el Gobierno colombiano se compromete a crear un número indeterminado de circunscripciones electorales en las que se elegirán a una cantidad aún por establecer de diputados en la Cámara de Representantes. Esta disposición será temporal. Las FARC y sus líderes no tendrán ningún impedimento en participar en la política ni tampoco deberán pagar ninguna pena carcelaria.
La protección de los candidatos correrá a cargo de las FARC y del Gobierno de Bogotá. Los insurgentes están convencidos de que su mayor amenaza son las bandas criminales de origen paramilitar, a las que Bogotá no considera actores del conflicto armado. En mayo, el Ministerio de Defensa emitió una directriz que permite "combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado".
DESARME
La entrega de las armas es, quizás, el punto más delicado del proceso de paz. Según lo pactado entre el Gobierno y la guerrilla, cualquier proceso judicial contra los insurgentes ha sido suspendido. Sin embargo, el Estatuto de Roma, firmado por Colombia, prohíbe que los condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica y están inhabilitados de por vida. El proceso deberá culminarse en un máximo de 180 días.
Los guerilleros de las FARC se concentrarán en zonas especiales del país sin presencia de las Fuerzas de Seguridad, en concreto en23 Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización y ocho campamentos, donde se materializará la entrega del armamento. La verificación de esta fase correrá a cargo de la ONU, organismo al cual las FARC entregarán sus armas para que dispongan de ellas a conveniencia.
RECONCILIACIÓN
El proceso de paz debe asumir la complicada tarea de determinar quiénes han sido víctimas del conflicto armado. Las FARC no se consideran a sí mismas "parte victimizante", sino una víctima.
De acuerdo con lo estipulado en los acuerdos, el reconocimiento a las víctimas se realizará "por colectivos", entre ellos elMovimiento Gaitanista, la Unión Nacional de la Oposición, el Frente Democrático, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y el Frente Popular. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial".
Las partes, además, se comprometen a poner en marcha, nada más firmarse el acuerdo, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, además de medidas concretas de reparación.
REFRENDACIÓN DE LOS ACUERDOS
Los refrendación de los acuerdos se hará en dos fases. Por una parte, una Asamblea Nacional Constituyente con 141 integrantes, tanto los elegidos como los surgidos de las FARC por las cuotas de representación asignada, deberá aprobar los pactos.
El Gobierno de Bogotá ha impuesto la celebración de un plebiscito que avale los acuerdos. La ley al respecto fue aprobada por el Congreso de la República a finales del 2015, y recibió el visto bueno del Tribunal Constitucional. El referendo se celebrará en la primera semana de octubre.
FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE PAZ
La UE estudia crear un fondo fiduciario para ayudar a Colombia a financiar el posconflicto. Admás, el Gobierno de Colombia ha suscrito un crédito externo de tipo programático con elBanco de Desarrollo Alemán de hasta 100 millones de dólares para financiar durante 10 años temas relacionados con la paz.
