Las autoridades turcas han decidido este jueves mantener en prisión al presidente de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), Taner Kiliç, acusado de vínculos terroristas, horas después de que un tribunal decretara su libertad condicional. La decisión contra Kiliç, que debía haber salido de la cárcel tras ocho meses de reclusión preventiva, ha causado tristeza e indignación entre su familia y allegados y en la propia organización de defensa de los derechos humanos, por cuyo caso había batallado durante meses.

El tribunal de Estambul que había resuelto su libertad condicional ha revocado la resolución tras un recurso presentado por la fiscalía. A Kiliç, encarcelado desde junio del 2017, se le acusa de presuntos vínculos con la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del 2016. Según informaron sus abogados a medios turcos, el fiscal Caner Babaloglu volvió a pedir que se mantuviera en prisión preventiva a Kiliç, y al no obtener respuesta, acudió a otro tribunal, que ordenó su arresto.

La principal prueba inculpatoria contra Kiliç, según la acusación, era la sospecha de que su teléfono móvil tenía instalado Bylock, un programa de mensajería cifrada que supuestamente fue desarrollado para las comunicaciones de la cofradía. Sin embargo, la propia Fiscalía turca reconoció en diciembre pasado que, debido al uso de otras aplicaciones, al menos 11.000 personas se conectaban a Bylock sin saberlo, por lo que ordenó poner en libertad a unos mil sospechosos, pero no a Kiliç.

"Garantizar su liberación solo para cerrarle la puerta de la libertad en la cara de forma tan despiadada, resulta devastador para Taner, su familia y todos aquellos que defienden la justicia en Turquía”, ha denunciado el secretario general de AI, Salil Shetty. "Este es el último ejemplo de la crisis del sistema judicial en Turquía, que está arruinando vidas y destrozando el derecho a un juicio justo", ha añadido Shetty, que ha explicado que la mujer de Kiliç y sus hijas habían esperado todo el día su salida ante las puertas de la cárcel.

Deriva autoritaria

El caso contra Kiliç y otros 10 activistas, que afrontan una posible condena de hasta 15 años de cárcel, ha devenido un punto álgido en las tensas relaciones entre Turquía y la UE, y eleva la creciente preocupación frente a la deriva autoritaria de Ankara, destacado socio de la OTAN. París ya ha reaccionado y ha reclamado la inmediata liberación de Kiliç. "Francia está comprometida con los derechos de todos a un juicio justo. Pedimos nuevamente a Turquía que respete sus compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales", ha señalado el ministro de Exteriores francés en un comunicado.

El fiscal acusa al presidente local de AI y a los 10 activistas de tener vínculos con Gülen y con dos organizaciones terroristas: la guerrilla izquierdista del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el grupo armado ultramarxista DHKP-C. Desde el fallido golpe del 2016, del que Ankara responsabiliza a la cofradía de Gülen, las autoridades turcas han encarcelado a más de 50.000 personas y despedido o suspendido a más de 150.000. El Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan señala que tales medidas son necesarias para afrontar múltiples amenazas de seguridad. Gülen, que vive en un exilio autoimpuesto en EEUU desde 1999, negó desde el principio su implicación y condenó el golpe de Estado en Turquía.