En el mundo de Donald Trump, el juez que concuerda con sus posiciones es un «juez muy respetado» y el que difiere un «supuesto juez». Un día después de que el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito escuchara los argumentos a favor y en contra de su veto inmigratorio, suspendido temporalmente por una instancia inferior, el presidente de EEUU acusó a la Justicia de estar politizada y aseguró que «hasta un mal estudiante de instituto» entendería que la ley le otorga el poder para restringir la inmigración por causas de seguridad nacional. La suerte del veto, que debería de decirse esta misma semana, ha frenado el ímpetu ejecutivo de su Gobierno.

Trump compareció ante la Asociación Nacional de Sheriffs después de que los jueces del Noveno Circuito mostraran su escepticismo respecto a las posiciones de las dos partes en litigio, una actitud que hace difícil aventurar cuál será el fallo. «Lo vi anoche con asombro y escuché cosas que no podía creer», dijo Trump refiriéndose a la vista celebrada en San Francisco. «Nunca diré que un tribunal es parcial. Pero los tribunales parecen estar muy politizados». Trump sostuvo que algunas de las cosas que escuchó en contra de su decreto «son vergonzosas» e insistió en que la decisión de cerrar las fronteras de EEUU a los refugiados y a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana se tomó «por la seguridad de nuestra nación».

LA CONEXIÓN TERRORISTA/ Durante la vista del martes, que giró en gran medida en torno a los límites del poder presidencial, los jueces preguntaron a los abogados del Estado si hay alguna prueba que conecte a esos siete países con el terrorismo. «El presidente ha determinado que había un verdadero riesgo», contestó su letrado. Para negar la arbitrariedad de la medida, la Casa Blanca lleva días insistiendo en que fue la Administración de Obama la que impuso restricciones a los viajeros de Irak, Siria, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán, los siete países incluidos en el veto, debido a la «creciente amenaza terrorista» que a su juicio representaban. Pero hay una diferencia notable. Obama obligó a los ciudadanos de esos países a obtener un visado. Trump directamente les cerró las fronteras.

Los jueces también cuestionaron que el decreto de Trump discrimine en contra de los musulmanes, como argumentan los estados de Washington y Minnesota para defender la inconstitucionalidad de la medida. Durante la campaña, explicaron sus abogados, Trump expresó la intención de imponer «un veto musulmán» y llegó a pedir a su asesor, Rudolph Giuliani, que buscara fórmulas para hacerlo sin vulnerar la ley. Pero los jueces dieron a entender que el argumento no acaba de sostenerse porque hay 50 países de mayoría musulmana en el mundo y el veto afecta a siete.

La batalla judicial ha frenado temporalmente el blitzkreig con el que Trump abrió su mandato, una estrategia que formuló durante la transición el exsenador Jeff Session, a un paso de convertirse en el nuevo fiscal general de EEUU. Bautizada como «shock y asombro», busca recompensar al electorado del presidente y desconcertar a sus detractores al implementar las promesas más radicales de la campaña.