Empieza el segundo asalto de Donald Trump en su cruzada contra la inmigración de musulmanes a EEUU, barnizado con la pátina de la seguridad nacional y la protección del país frente al terrorismo. 39 días después de firmar la polémica orden ejecutiva que suspendió el programa de refugiados y la concesión de visados en siete países de mayoría musulmana y que frenaron los tribunales, el presidente de EEUU firmó ayer una nueva, que anula la original y entrará en vigor el 16 de marzo. Aunque este veto 2.0 tiene cambios, mantiene la filosofía de la original, y eso ha hecho que se repliquen las mismas críticas de especialistas en libertades civiles que denunciaron la primera.

Entre los cambios destacados está la exclusión de Irak de la lista de países cuyos ciudadanos no podrán conseguir visados en al menos 90 días, lista en la que sí se mantiene a Siria, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán. Esa excepción, pactada tras un mes de negociaciones, se justifica por factores como la cooperación en la lucha contra el Estado Islámico, la presencia de tropas estadounidenses en Irak y el compromiso de Bagdad de reforzar el proceso de escrutinio de los ciudadanos que quieren emigrar.

La nueva orden también ha acabado con una distinción que se hacía con los sirios que aspiraban a entrar en EEUU como refugiados. Deja en suspenso 120 días todo el programa de refugiados, pero ya no lo suspende indefinidamente para Siria. El número total de refugiados que EEUU aceptará en el año fiscal 2017 se establece en un máximo de 50.000 (en vez de los 110.000 que había marcado Obama) pero hay dudas sobre la legalidad de que Trump altere la cifra sin consultar al Congreso.

La orden también aclara que no se verán afectados quienes tengan estatus de residentes legales permanentes (la llamada green card), los ciudadanos de los seis países marcados que tengan doble nacionalidad y quienes tengan visados en regla emitidos antes del 27 de enero (la fecha en que promulgó la primera norma). Las dudas sobre si aquella orden original afectaba a estos grupos motivó mayor confusión y afectó negativamente a más de 60.000 inmigrantes con documentación legal.

Esa matización es parte de una reescritura claramente destinada a responder a las cuestiones legales que condenaron la primera orden ejecutiva pero está lejos de garantizar que no se produzcan nuevas demandas. Y se pueden esperar de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que llevó la directiva de Trump a los tribunales y que ayer lanzó el mensaje de que «el prejuicio reescrito sigue siendo prejuicio». «La Administración Trump ha asumido que su veto musulmán original era indefendible», explicó en un comunicado Omar Jadwat, responsable de un proyecto de inmigración de la ACLU. «Desafortunadamente lo ha reemplazado con una versión reducida que comparte los mismos fallos fatales».

EL SILENCIO / También ha cambiado su presentación. El 27 de enero Trump firmó la orden original ante las cámaras y los periodistas, presumiendo de estar cumpliendo una de sus promesas de campaña y proclamando frases como «no los queremos aquí». Ayer no dejó a la prensa presenciar la firma (solo hay una foto oficial tuiteada por su portavoz).

Alejado personalmente de las cámaras, Trump envió a los secretarios de Estado (Rex Tillerson), Justicia (Jeff Sessions) y Seguridad Nacional (John Kelly) a explicar los detalles de la nueva orden, aunque no contestaron a preguntas de la prensa. Tillerson pidió a los aliados de EEUU que entiendan que la orden trata de «eliminar vulnerabilidades» en el proceso de inmigración que podrían explotar «terroristas islamistas radicales» (no «islámicos», el término que emplea Trump).

Sessions, el fiscal general, argumentó la necesidad de la orden asegurando que el FBI investiga a 300 refugiados por acciones vinculadas al terrorismo. Pero ni la propia Administración de Trump detalla cuántos de ellos provienen de los seis países afectados por el veto, ni si han acabado en imputaciones o condenas.