El Gobierno británico ha perdido, tal y como se esperaba, la apelación sobre el ‘brexit’ que presentó ante el Tribunal Supremo. La más alta instancia judicial del Reino Unido ha determinado, por ocho votos a favor y tres en contra, que es el Parlamento y no el equipo que dirige la primera ministra, Theresa May, quien tiene el poder constitucional y la autoridad legal para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, e iniciar así el proceso de salida de la Unión Europea. El veredicto ha sido dado a conocer por el presidente del Tribunal Supremo, el juez Lord David Neuberger, en una sesión pública que apenas ha durado cinco minutos.

El gobierno deberá someter pues el ‘brexit’ a votación en las dos Cámaras del Parlamento y contar con su aprobación, como paso previo para iniciar los dos años formales de negociaciones con la UE. En términos prácticos, la sentencia no impedirá que se cumpla el resultado del referéndum. Aunque May posee una estrecha mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes, el partido laborista, la principal fuerza de oposición, ha prometido no bloquear el proceso de divorcio.

Otra de las cuestiones a determinar era si el 'brexit' debía someterse a votación en los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En este caso, el Tribunal ha determinado que no es obligatorio.

CAMINO LEGAL PARA LA SALIDA

Pero el veredicto marca el camino legal para que el país salga de la UE y esa vía requiere de nueva legislación, que puede complicar el calendario de la primera ministra, quien anunció el inicio de las negociaciones para el mes de marzo. El ministro para el ‘brexit’, David Davis deberá hacer este martes una declaración en los Comunes y se espera que la semana próxima se presente la nueva legislación para su aprobación por el procedimiento de urgencia.

Los abogados del gobierno habían argumentado que los ministros podían iniciar el proceso de salida invocando la Prerrogativa Real,una pieza de legislación añeja, que permitía a reyes y reina romper los tratados internacionales. También señalaron que el parlamento aprobó la legislación para el referéndum, aceptando así todas las implicaciones del resultado, sin reclamar ninguna otra consulta final. Por el contrario, los oponentes entendían que el gobierno no tenía poder para cambiar la constitución del Reino Unido, y sólo en el parlamento recae el derecho a eliminar las leyes creadas durante más de cuarenta años de pertenencia a la UE.

En noviembre, el Tribunal Superior falló en contra del gobierno, que presentó recurso. Sus 11 miembros estudiaron durante cuatro días en diciembre el veredicto, que ahora han ratificado de manera definitiva. Aquella primera sentencia provocó la ira de los defensores del ‘brexit’ quienes interpretaron el fallo como una violación de los deseos expresados por el 52% de los británicos que votaron por la salida en el referéndum el pasado 23 de junio. Los tres jueces del Tribunal Superior fueron calificados por el diario ultraconservador, Daily Mail, como “enemigos del pueblo”.

LOS DEMANDANTES, AMENAZADOS DE MUERTE

La gestora de inversiones que presentó la demanda, Gina Miller, junto al peluquero Deir Tozetti Dos Santos, ha recibido amenazas de muerte y lleva guardaespaldas. Tan caldeados estaban los ánimos que al inicio de la revisión, el juez Neuberger pidió a cada uno de los participantes no echar leña al fuego. El magistrado denunció las amenazas lanzadas contra los demandantes. “Amenazar e insultar a las personas por ejercer su derecho fundamental de recurrir a la justicia, mina el estado de derecho”.