Seis coches policiales y casi 20 uniformados irrumpieron en el balneario de Necochea, unos 500 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires para impedir que cuatro mujeres tomaran sol sin sus sostenedores. “La ley es la ley”, gritó un señor, desaforado. “Volveremos”, dijo una de ellas, y los tachó de fascistas. El juez Mario Juliano dictaminó que el 'topless' no es una contravención y que mostrar los cuerpos como vinieron al mundo tampoco trasgrede las normas constitucionales.

El episodio tuvo ribetes de escándalo. La asociación “Agitaciones Contra el Acoso Callejero” llamó a las mujeres argentinas a participar en diferentes ciudades del país de un 'tetazo' contra los arrebatos ultramontanos de la policía bajo la consigna de “la única teta que molesta es la que no se puede comprar”. El martes venidero se realizará la protesta principal en la capital argentina. “Que los prejuicios se los lleve el mar”, convocaron sus organizadores.

Es el segundo episodio en meses que involucra a las fuerzas de seguridad. El anterior tuvo lugar en la periferia bonaerense cuando una madre quiso amamantar a su hijo en una plaza y un agente trató de impedirlo. Lo de Necochea ha llamado más la atención en un país donde la televisión exhibe día y noche mujeres semidesnudas.

Los policías entraron al balneario como si se tratara de un operativo relevante. Los teléfonos comenzaron a filmar una situación que orillaba el ridículo. Las imágenes no se demoraron en circular por las redes. Cuando el juez las vio, no solo consideró desproporcionada la actuación policial.

NORMA DE UN RÉGIMEN MILITAR

Para el juz Juliano, es imperativo que la Legislatura de la provincia que analice la posibilidad de reformar el Código de Faltas por arcaico ya que tiene medio siglo de antigüedad y fue sancionado por el régimen militar más clerical que tuvo este país, el del general Juan Carlos Ongañía, especialmente preocupado entonces por los “actos obscenos” que afectaran a la “decencia pública”. Pero además, el magistrado le solicitó a la policía bonaerense que si se repitiera la situación “procuren una intervención que priorice la mediación a los fines de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de derechos, en un marco de paz y convivencia que evite las expresiones violentas”.