Gases lacrimógenos. Vehículos con chorros de agua que escupen con saña desconocida. Piedrazos. El humo de neumáticos quemados ennegreciendo el cielo. Parecen imágenes de la Argentina de diciembre del 2001, en las vísperas de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa como consecuencia de su propio corralito financiero. Pero son del presente. Las inmediaciones del Parlamento, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con sus casi 34 grados de temperatura, fueron un campo de batalla entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Dentro del recinto, y en medio de la presión social creciente, la coalición de centroderecha no pudo por el momento convertir en ley una reforma que le quita a las pensiones y la ayuda social más de un 13%. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y es vital para el presidente Mauricio Macri.

Las protestas obligaron a la bancada del oficialismo a levantar la sesión. La central obrera decidió ante ese giro suspender la huelga general prevista para este viernes. “Evitamos el latrocinio”, dijo el diputado kirchnerista Agustín Rossi. “Esta ley es indefendible y solo la impulsan para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, aseguró el diputado del peronismo disidente Felipe Solá.

“Esto es un escándalo. Quieren imponer el quórum a disparos en la calle”, denunció Leonardo Grosso, otro diputado de la oposición. “Este operativo que llevaron adelante es perverso, así lograron reprimir a la gente y golpear a dos legisladores. ¿Quiere venir a ver mi pierna, a ver qué es lo que pasa?”, le increpó la diputada Victoria Donda al presidente de la Cámara, Emilio Monzó.

Falso quórum

La situación más escandalosa no tuvo que ver sin embargo con lo que ocurría en la calle, sino dentro del Congreso. Según la diputada Mirta Tundis, el macrismo intentó formar un “falso quórum” con personas que no son legisladores, ya que le faltaban al menos dos votos. La diputada oficialista Elisa Carrió acusó a la oposición de violenta y golpista y le recordó que la coalición que sostiene al presidente acaba de ganar las elecciones legislativas.

El macrismo no tiene mayoría en la Cámara y tuvo el apoyo de un sector del peronismo para llevar adelante una iniciativa que quita poder adquisitivo a los pensionistas y jubilados así como a los beneficiarios de la asistencia social por situaciones de pobreza. La Iglesia católica habló de un “saqueo al bolsillo”. “Los jubilados están perdiendo 'plata', pero no poder adquisitivo”, llegó a justificar el legislador de la fuerza gobernante Pablo Tonelli.

Deuda externa

La reforma del sistema de previsión es imprescindible para Macri, obligado a llevar adelante un drástico ajuste económico y social antes que se active la bomba de la deuda externa. Argentina tiene déficit comercial por onceavo mes consecutivo (unos 61.000 millones de dólares). No entran en el país divisas genuinas ni llegan las inversiones prometidas (este año no han pasado de los 1.700 millones de dólares). El Gobierno, por lo tanto, se financia en el mercado internacional crediticio.

Para afrontar ese problema, el Ejecutivo decidió aumentar por segunda vez las tarifas de los servicios públicos en casi un 50% y poner en marcha un recorte del gasto público: los despidos en el sector estatal y la reforma del sistema de previsión social han sido las herramientas elegidas. Desde que asumió la coalición Cambiemos, en diciembre de 2015, los títulos de deuda externa en moneda extranjera aumentaron en 110.648 millones de dólares. El 75% de ese nuevo pasivo ha servido en la práctica para financiar la fuga de capitales.

En virtud de las exorbitantes tasas de interés establecidas por el Banco Central, cercanas al 30%, Argentina, con sus 13,5 millones de pobres, se ha convertido otra vez en una plaza para los negocios financieros de rédito inmediato: se adquiere deuda en dólares, luego se compran títulos a corto plazo (tres meses) en pesos argentinos y más tarde se vuelve a comprar divisa norteamericana con enormes ganancias que salen del país.