No se sabe con certeza el número de ciudadanos rusos y exsoviéticos que han dejado sus países y se han integrado en las filas de la organización ultrarradical Estado Islámico (EI) para luchar en Siria e Irak. Sí se conoce que la antigua URSS es una de las principales regiones del mundo proveedoras de guerreros para el autoproclamado califato. El Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) estimó en su día que alrededor de 5.000 combatientes del EI procedían del espacio exsoviético. Vladímir Putin, en el 2015, elevó la cifra a 7.000.
Se trata de una fuga masiva en la cual, según International Crisis Group, algunas agencias de seguridad rusas han jugado un papel. Esta organización desveló, en una investigación elaborada por Ekaterina Sokiryanskaya, que entre el 2013 y el 2014, antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, el país había abierto de forma «deliberada» sus fronteras a militantes yihadistas propios para que acudieran a luchar en Siria, lo que redujo drásticamente los niveles de violencia en el Cáucaso ruso, región muy próxima a la sede olímpica.
Reputación cuestionada
Pese a la enorme exposición de Rusia a las eventuales iras del Estado Islámico debido al elevado número de ciudadanos suyos militando en sus filas, el territorio ruso parecía, al menos hasta ahora, al abrigo de atentados como los vividos en la UE, lo que había permitido al Kremlin y a Putin granjearse la reputación de eficaces en la lucha antiterrorista, en particular entre la ultraderecha europea.
«Usted sabe lo que acaba de suceder en Gran Bretaña; sería de gran ayuda compartir datos de inteligencia entre nuestros países», reclamó la líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, en su reciente entrevista en Moscú con Putin. En España, el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, ha alabado repetidamente la eficacia de Putin en tuits y programas de televisión.
A la espera de la reivindicación del ataque -las posibilidades de autoría que se barajan son el EI, la guerrilla chechena o ambos-, lo cierto es que el atentado de San Petersburgo pone en tela de juicio la presunta eficacia antiterrorista del Kremlin. Una explosión con una decena de muertos que colapsa durante horas la segunda ciudad del país se asemeja a las escenas vividas en Bruselas o Niza el pasado año.
La explosión coincide, además, con la reactivación de la oposición rusa, que hace una semana congregó a decenas de miles de personas en un centenar de ciudades para denunciar las supuestas prácticas corruptas del primer ministro Dmitri Medvédev. En declaraciones al canal RBK, el politólogo Oleg Bedotov ha augurado que, tras lo sucedido, la organización de protestas no acordadas con las autoridades sin que estas garanticen la seguridad será más difícil y podría atemorizar a potenciales manifestantes.
