Se acercan las elecciones en Alemania y la canciller Angela Merkel ha tomado nota. Tras la fuerte presión recibida por la acogida de refugiados, el auge del ultranacionalismo xenófobo capitalizado por Alternativa por Alemania (AfD) y el atentado terrorista perpetrado el pasado diciembre por un solicitante de asilo tunecino en Berlín que dejó 12 muertos, la líder conservadora ha puesto en marcha un plan de “esfuerzo nacional” para acelerar la deportación de aquellos inmigrantes a los que se les haya denegado la residencia.
Aunque la intención de Berlín no es nueva, esta tarde la jefa del ejecutivo teutón se reunirá en la cancillería con los ministro-presidentes de los 16 Estados federados del país para discutir la propuesta. El programa de 16 puntos ideado desde la capital tiene apartados especialmente controvertidos. Así, según ha avanzado el diario ‘Der Spiegel’, la medida daría vía libre a las autoridades alemanas para registrar los teléfonos móviles y la tarjeta SIM de los inmigrantes rechazados para investigar y aclarecer su identidad.
BROCHA GORDA CONTRA EL TERRORISMO
Otro punto controvertido es la creación de un centro de detención para aquellos a los que se les ha denegado el derecho al asilo. Aunque no se especifica el tiempo máximo de retención de los inmigrantes el plan también incluye que la deportación podrá llevarse a cabo aunque el proceso tarde más de tres meses a causa de problemas burocráticos en los países de origen. Este punto, una clara concesión de la Gran Coalición a las voces que pedían más mano dura, responde al caso del atentado de Berlín. El presunto autor de la masacre, Anis Amri, era un joven radicalizado de 24 quien a pesar de ser rechazado como refugiado evitó la deportación gracias a los errores de papeleo y consiguió escapar de las autoridades y viajar libremente por toda Alemania.
El programa también contempla aumentar en hasta 90 millones de euros el presupuesto federal destinado a la repatriación y reintegración de los inmigrantes que decidan irse voluntariamente del país. De esta manera, Alemania ha pasado de abrir los brazos a incentivar el adiós de aquellos a quienes no contempla como refugiados. Esta consideración también ha estado sujeta a la polémica y a la denuncia por parte de organizaciones por los derechos humanos, ya que Berlín estipula que, a pesar de estar controlado en gran parte por los talibanes, Afganistán es un país seguro. Estados gobernados por los socialdemócratas se oponen a ello. Marruecos, Argelia, Túnez y Turquía también figuran en esa lista.
CONCESIÓN A LA DERECHA
A pesar de que esta medida ha sido impulsada por los ministros de Interior y de Justicia, el democristiano Thomas de Maizière y el socialdemócrata Heiko Maas, bajo la premisa de reforzar la política migratoria y evitar fallos como el de Berlín, la medida también se entiende en clave electoral. Presionada por sus socios bávaros, la CSU, y por el discurso cada vez más influyente del ultraderechista AfD, en los últimos dos meses Merkel se ha mostrado más cercana a la mano dura e incluso ha solicitado la prohibición del velo integral.
En el 2015, hasta 890.000 refugiados llegaron a Alemania. Durante el 2016, el pacto europeo con Turquía y el endurecimiento de las políticas migratorias en el sur del continente llevaron a rebajar la cifra de llegadas hasta las 280.000. Así, el año pasado se denegaron un 50% más de peticiones de asilo que en 2015, hasta 13.324 solicitudes durante los primeros seis meses. Un total de 55.000 personas volvieron voluntariamente a su país mientras que 25.000 fueron expulsadas de Alemania. A falta de siete meses para las elecciones, Merkel y los suyos quieren acentuar esa cifra.
