La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) empezó a dejar su marca en Venezuela con la destitución de la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, y el nombramiento provisional en ese cargo de un hombre de comprobada fidelidad chavista, Tarek William Saab, quien desempeñaba el cargo de Defensor del Pueblo. «Esto no es un linchamiento político o personal, es una acto constitucional», dijo Diosdado Cabello, uno de los conductores de este proceso de radicalización que ya tiene su primer impacto político regional: el Mercosur resolvió suspender a Venezuela como integrante del bloque.

La ANC sesionará por lo menos dos años en los que será una suerte de supra poder. Cabello había anticipado que una de sus primeras medidas estaría relacionada con la Ortega Díaz. La fiscala, así como su marido, el diputado Germán Ferrer, formaban parte del chavismo. Pero desde abril pasado iniciaron un gradual pero inexorable proceso de distanciamiento. Ortega Díaz y Ferrer denunciaron como fraudulenta la elección constituyente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado el viernes medidas cautelares en favor de la fiscala y exhortado al Gobierno a garantizar su integridad y la de su familia. Su suerte estaba sin embargo echada. En horas de la mañana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNC) rodeó la sede del Ministerio Público. Ortega Díaz la abandonó subida en una motocicleta, agarrada con sus manos a un piloto que se desplazó por las calles de Caracas esquivando automóviles a toda velocidad. «No temo por mi puesto, temo por el país». La Mesa de Unidad Democrática (MUD) espera pronto medidas en contra de sus diputados sobre los que ya pesa la amenaza del levantamiento de la inmunidad.

En este contexto, los ministros de Exteriores de la zona de libre comercio que lideran Argentina y Brasil, y de la que también forman parte Uruguay y Paraguay, decidieron aplicarle indefinidamente a Caracas la «cláusula democrática» del mercado común, vigente desde 1998. La suspensión obedece a «las acciones deMaduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático». En los hechos, Venezuela ya estaba apartada del Mercosur. Sus miembros habían considerado a fines de 2016 que Caracas no cumplía las normas internas para.

Para el presidente venezolano, «una coalición de gobiernos antipopulares se ha lanzado en contra de Venezuela» y «quedará marcada para la historia como quedaron marcados los que persiguieron pueblos honorables». Aseguró que Venezuela padece un bloqueo como el que enfrentó Cuba desde 1962. «Somos los nuevos judíos». A su vez, Maduro calificó al episcopado venezolano como opositor y de estar «siempre aliados al poder y los privilegios de destruyeron al país». El jefe de Estado augura situaciones de mayor violencia. En un mensaje a las Fuerzas Armadas, instó a la institución a prepararse en «métodos de combate no tradicional» para enfrentar a los grupos armados que empezaron a insinuarse durante las protestas callejeras. Maduro dijo que hay que «buscarlos, capturarlos» y aplicarles justicia «respetando la Constitución».