El Gobierno que preside Nicolás Maduro reaccionó ayer con dureza a la decisión del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de prohibir al sistema financiero de EEUU adquirir bonos públicos y deuda venezolanos y de la petrolera estatal, PDVSA. Caracas considera que se trata de «la peor agresión» que sufre el país «en los últimos 200 años». El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que las sanciones tratan de «promover una crisis humanitaria» y Maduro acusó a Washington de buscar «la quiebra económica de Venezuela».

Arreaza aseguró que Caracas no se quedará «de brazos cruzados» y defenderá a sus ciudadanos «por todos los medios». Maduro convocó a los tenedores de bonos venezolanos y a las empresas estadounidenses que compran petróleo a Venezuela a una reunión en los próximos días para buscar una solución a los problemas en ciernes. Según dijo, los más afectados por la orden de la Casa Blanca son los propios inversores estadounidenses, dueños del 62% de los papeles de la deuda venezolana, y «una decena de empresas que necesitan», sostuvo, el crudo venezolano porque «es el mejor para sus refinerías».

Paralelamente, y en una demostración de fuerza, el Ejército venezolano patrullaba ayer por las calles en todo el país en unas maniobras militares que fueron ordenadas por Maduro a mediados de agosto después de que EL presidente de Estados Unidos afirmara que no descartaba «una opción militar» ante la crisis venezolana.