Posconflicto es la palabra más utilizada estos días en Colombia después de paz. Una y otra están estrechamente ligadas porque enlazan el presente con el horizonte de expectativas. La dimensión de los desafíos futuros es tan grande que no puede sino sembrar interrogantes sobre "el día después" de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC y su previsible ratificación en las urnas, el 2 de octubre.

Las asignaturas pendientes son muchas: económicas, judiciales, culturales, sociales, territoriales y políticas. Los especialistas ya están haciendo números. De acuerdo con Julian Hottinger, un experto suizo en resolución de conflictos que participó de las negociaciones de paz que tuvieron lugar durante más de cuatro años en La Habana entre los representantes del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla, la implementación de los acuerdos tendrá un coste estimado de 31.000 millones de dólares en los próximos 10 años. “Es una cifra descomunal y no podrá ser asumida por un solo país”, aseguró.

Días atrás, representantes de 1.021 alcaldías y 32 gobernaciones se reunieron para pensar juntos lo que viene. La gran mayoría observa los acontecimientos con esperanza. Años atrás, la posibilidad de poner fin a un enfrentamiento de más de medio siglo parecía un sueño. Ahora, la realidad enfrenta a los colombianos con la necesidad de soluciones imaginativas.

Uno de los temas que necesita inmediato abordaje es el centralismo político. Según la revista 'Semana', en la Colombia profunda se advierte de que los acuerdos “debe implementarse desde lo local a lo nacional y no al revés”. Por el momento, en muchísimas alcaldías que vivieron la guerra muy cerca “se sienten ajenos a la transformación” en ciernes. “Mucho se ha hablado, todo está en el papel, pero ahora hay que actuar. Enhorabuena”, dijo Mauricio García, alcalde de Ovejas (Sucre), una población donde el 80 % de la población, incluido el Alcalde, han sido víctimas.

EL FANTASMA DE LA REINCIDENCIA

“Los lugares comunes de muchos analistas y, en general, la percepción de la población civil manifiesta que la reincidencia de las FARC es el principal riesgo de seguridad que vivirá el país en el periodo del posconflicto. Sin embargo, hasta el momento ese riesgo es bastante bajo”, señaló el columnista Ariel Fernando Ávila Martínez. Los datos son elocuentes en ese sentido: del total de guerrilleros desmovilizados individualmente en los últimos años, solo casi un 7 % han vuelto a tomar las armas, mientras que para el caso de los paramilitares la reincidencia llegó al 22 %.

La reciente conferencia de las FARC ha mostrado un apoyo de todos los frentes insurgentes a lo pactado en La Habana. Las esperadas disidencias no ocurrieron. En las selvas y montañas solo quedarán el ELN, la guerrilla guevarista que no se ha sumado por ahora las negociaciones y los grupos de ultraderecha. No es, ese, un problema menor.

Las FARC surgieron en 1964 en el marco del conflicto por el tema de la tierra. La cuestión agraria ha sido medular en la agenda de paz. Se espera que el campo se convierta en uno de los motores virtuosos del posconflicto. Pero tampoco eso es tan sencillo en un país donde el 90% de los empleos rurales es informal. La propia ministra de Trabajo, Clara López, admitió que es necesario que las poblaciones campesinas “tengan acceso a un trabajo formal, que se minimice la exclusión y marginalidad, que son los factores fundamentales de la generación de violencia y, sobre todo, que tengan acceso a un sistema de seguridad social”.