Entre la indignación y la sospecha, los argentinos asisten a un verdadero festival de arrepentimientos y delaciones de exfuncionarios y grandes empresarios de la construcción. Abatidos o a la espera de una reciprocidad que mitigue las penas, relatan ante un fiscal y un juez las andanzas de una mafia de las licitaciones de la obra pública urdida durante la era kirchnerista (2003-2015). Calculan que se ha movido dinero negro por valor de unos 175 millones de euros. Con su habitual mordacidad, el escritor y comentarista televisivo Jorge Asís habló de una «peste de la transparencia».

Desde que salieron a luz a través del diario La Nación ocho cuadernos fotocopiados que pertenecen al exchofer de un exsecretario de Estado, y en los que se detallan los ilícitos, el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli han puesto detrás de las rejas a 14 personas entre exintegrantes del pasado Gobierno y hombres de negocios. La causa tiene 43 imputados y 12 arrepentidos. Pero Bonadío no ha podido todavía encontrar un solo billete con excepción de los 9 millones de dólares (7,9 millones de euros) que tenía en sus manos el viceministro José López cuando lo descubrieron a mediados del 2016 cuando pretendía esconderlos en un convento.

López se convirtió el viernes pasado en «arrepentido», siguiendo el camino de un par de magnates y Claudio Uberti, un hombre que era cercano al exministro de Obras Públicas, Julio De Vido, actualmente preso aunque sin condena. Uberti fue el primero en nombrar a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Se refirió a bolsos repletos de dinero y hasta a bóvedas como las de Alí Baba. Sus pruebas fueron endebles. «No lo vi, pero lo sé por comentarios», apenas le dijo a Bonadío y Stornelli. El dúo es aplaudido por aquellos que los consideran verdaderos cruzados contra la corrupción. Muchos denuncian coacciones, cárceles arbitrarias y una ausencia de pruebas materiales. El caso Lava Jato, el megaescándalo de corrupción que ha hecho temblar a Brasil, pudo avanzar en la detención de varios políticos y empresarios porque se hallaron las cuentas bancarias. En Argentina, por el momento, solo hay relatos. El Gobierno de derechas anunció recompensas de unos 70.000 dólares para quienes ofrezcan datos.

EL PELIGRO DE UN BUMERÁN / «Si alguno se encuentra con un pedido indebido (de sobornos), acá tienen un presidente al cual acudir», alardeó el presidente Mauricio Macri ante los miembros de la Asociación Empresaria Argentina. «No tengo pensado hipotecar mi Gobierno para defender a nadie que actúe fuera de la ley». El macrismo ha festejado la aparición de los cuadernos y las labores de Bonadío y Stornelli. Todo llegó de modo providencial cuando la escena la dominaba otro asunto oscuro: el de los miles de aportantes falsos a las campañas electorales del oficialismo. Estiman que las confesiones arrastrarán inexorablemente a una Fernández de Kirchner a quien algunos analistas le pronostican un destino parecido al de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.

Pero el Gobierno no calculó en principio un efecto colateral del escándalo: han quedado involucrados el opulento primo de Macri, Angelo Calcaterra, hijo de María Pía Macri, la única hermana de Franco Macri, padre de Mauricio y dueño de un gran emporio creado a partir del negocio de la obra pública. El octogenario ha sido el adalid de la llamada «patria contratista».

No faltan por estas horas las comparaciones entre lo que ocurre en Argentina con lo que sucedió en Brasil e Italia. El proceso judicial conocido allí como Mani pulite provocó a principios de los 90 el arresto de 4.525 políticos y empresarios, con 1.300 condenas, 430 absoluciones y 31 suicidios. El Mani Pulite no hizo realidad el anhelo de reparación de los ciudadanos: derrumbó a la economía italiana y el sistema de partidos políticos. Entre las ruinas del desprestigio surgió Silvio Berlusconi. En Brasil asoma el fantasma de la ultraderecha. Estas experiencias han encendido luces de alerta. Mientras se conjetura sobre la suerte judicial de Cristina, la «peste de la transparencia» se devora el prestigio de las empresas constructoras, reduce aún más la inversión y el valor del peso.